La trampa silenciosa de la informalidad en México
En México, la informalidad no es una decisión caprichosa. Es, en muchos casos, la única opción viable. El problema de fondo no es la falta de voluntad por cumplir la ley, sino la falta de condiciones reales para hacerlo. Es el abandono institucional, la carga fiscal excesiva y los trámites interminables los que empujan a millones a operar al margen de la formalidad.
Hoy, más de 32.7 millones de personas —el 55% de la población ocupada— trabajan fuera del marco legal. Generan casi una cuarta parte del PIB nacional, más de seis billones de pesos al año. Pero este dato, lejos de ser alentador, es una señal crítica. Representa una economía fragmentada y millones de mexicanos sin acceso a derechos básicos: salud, seguridad laboral y protección jurídica.
La informalidad no ha dejado de crecer. En 2018 había 30.7 millones de trabajadores informales; hoy son dos millones más. En contraste, formalizar un negocio sigue siendo caro y complejo: ocho trámites y más de 28 mil pesos en promedio para empezar. Pero el mayor reto viene después: mantenerse.
Las empresas legales enfrentan una presión fiscal que supera el 45% de sus ingresos entre ISR y cuotas sociales. A eso se suman gastos administrativos, vigilancia constante y reglas que rara vez son claras ni proporcionales. El resultado: una cancha desnivelada donde competir legalmente se convierte en una desventaja.
Desde Concanaco Servytur lo decimos con claridad: no condenamos al que emprende en la calle. Comprendemos su realidad. Pero sí exigimos un entorno justo para quienes cumplen la ley. No se puede seguir penalizando al empresario que apuesta por la formalidad.
La informalidad se ha vuelto una trampa para quienes la habitan y una barrera injusta para quienes luchan por mantenerse dentro del sistema. Por eso proponemos soluciones concretas, no sanciones. Y reclamamos reglas que reconozcan el esfuerzo del empresario legal.
Es hora de dejar de romantizar la precariedad y construir una política real de formalización. No desde el escritorio, sino desde el territorio. En nuestras cámaras, con presencia en más de 1,800 municipios, proponemos una red de impulso a la empresa familiar con financiamiento simple, capacitación cercana y digitalización accesible.
No pedimos que crucen mares burocráticos. Llevemos la formalidad hasta donde están las personas. Eso es justicia económica.
No se trata de confrontar al Gobierno, sino de construir con él. Coincidimos en el objetivo de lograr prosperidad compartida. Pero hay que decirlo con claridad: mientras ser formal siga siendo tan costoso, la prosperidad no será para todos.
México ya no puede dividirse entre quienes pueden cumplir y quienes deben sobrevivir. Necesitamos una política económica que reconozca estas asimetrías y actúe con enfoque práctico, territorial y sostenido.