La Comisión Europea entiende la ley de amnistía como un movimiento político calculado para propiciar la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, garantizar la impunidad de sus socios y que no responde a ningún objeto de interés general reconocido a nivel comunitario. Así se desprende de un documento adelantado por 'El Español' al que tuvo acceso ABC en el que Bruselas, tras un análisis de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas, recomienda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda en contra del criterio del Ejecutivo español. En su escrito, la Comisión explica que la amnistía es una medida excepcional para despenalizar hechos que son perseguidos pero «en contextos diferentes, por motivos distintos o en momentos diferentes », además de exigir un «principio de proporcionalidad» para alcanzar en última instancia un «objetivo legítimo». Además, indica que la ley de amnistía debe establecer reglas claras y precisas que regulen «el alcance y la aplicación de las medidas en cuestión» y si responde a un objetivo de «interés general» reconocido por la Unión. Para la Comisión, la normativa española no responde a este último punto sino que parece constituir «una autoamnistía». «No parece que la LOA [Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña] responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión», por dos contundentes motivos. Primero, «porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español». En segundo lugar, «porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», señala el escrito. «Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», asegura la Comisión. (NOTICIA EN ELABORACIÓN)
