La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde las 7.00 horas de esta mañana el domicilio valenciano del exministro socialista José Luis Ábalos por orden del instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, según confirman fuentes jurídicas a ABC. Estas mismas fuentes apuntan que en el registro se busca documentación o pruebas que arrojen luz sobre el supuesto pago de comisiones por adjudicaciones en contratos de obra pública. Añaden que esta diligencia se enmarca dentro una nueva pieza secreta y que en la entrada y registro ha estado presente una abogada de la defensa del exministro. Esta vía se abrió después de que el empresario Víctor de Aldama señalara ante el instructor en diciembre de 2024 que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García se llevaron mordidas por adjudicaciones de obra pública. Tras tener conocimiento de estas presuntas comisiones ilegales, el Supremo solicitó a la UCO la elaboración de un informe acerca de esas adjudicaciones teniendo en cuenta la documentación aportada por De Aldama que incluía un listado de obras con subrayados y anotaciones del propio Koldo García -tal y como reveló la prueba caligráfica a la que se le sometió-. Según explicó De Aldama en su declaración, se habría establecido un mecanismo por el que desde el año 2019 estuvo cobrando comisiones a una batería de empresas que entregaban entre el 1 y el 1,5 por ciento del contrato de obra que se les adjudicaba. De esa «recaudación», que ascendería en total a entre 3,5 y 4 millones de euros en dos años, una parte se la quedaba él mismo por hacer «de valija», otra se la entregaba a Koldo y otra al propio Ábalos, siempre según el comisionista, que también consta como investigado en la causa por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Se da la circunstancia, además, de que la propia UCO interesó poder tener acceso a los ejercicios fiscales de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una fundación valenciana vinculada a Ábalos y su familia que fue constituida en los años 90 y extinguida en 2023. Para los investigadores resulta de interés dado que «la vinculación de Ábalos y su entorno familiar» con la misma «habría perdurado a lo largo del tiempo, llegando hasta el presente». La Generalitat Valenciana aportó esa documentación que arrancaba desde la constitución de esa fundación en 1992. No obstante, no se pudo obtener la información de los últimos años de las cuentas porque no constaban como aportadas. Fuentes próximas a Ábalos han mostrado a ABC su «extrañeza» por un registro que se produce cuando la UCO ya lleva seis meses investigando al exministro y «cuatro después de su declaración».
