Familias del colegio compostelano Trisquel denunciaron ayer la situación de «desamparo» a la que se enfrentan por las « reiteradas incidencias » de los representantes de las instalaciones que el centro educativo comparte con 120 refugiados en el antiguo colegio Junior's de la capital gallega: la empresa d'Ocio y la ONG Rescate. Un llamamiento a las autoridades que, de no cumplirse, advierten, desembocará en acciones judiciales. Entre las incidencias señaladas por estas familias destacan episodios como el incendio de una de las cabañas destinadas en un principio a intercambios escolares y que, en la actualidad, dan cobijo a algunos de los refugiados llegados a Galicia en verano de 2024, trasladados desde Canarias. Un incidente que provocó daños en las instalaciones del colegio, como la caída de parte del muro perimetral, sin que la empresa encargada, d´Ocio, se haga cargo. «Daños, todos ellos que, a día de hoy, no se han arreglado, a excepción de aquellos [cuyo coste de reparación] el propio colegio asumió para garantizar la seguridad del alumnado y la continuidad de su labor docente», criticaron las familias en declaraciones a Europa Press. Además, indican cómo se produjo un brote de tuberculosis entre la comunidad refugiada y no se informó al centro , a pesar de que comparten instalaciones y accesos a las aulas que colindan con las de los alumnos. Un hecho del que tuvieron constancia tras su publicación en los medios de comunicación, «con toda probabilidad, como consecuencia del mismo, se produjeron contagios en la comunidad escolar, tanto a alumnos como a docentes», añaden los denunciantes. En este sentido, las familias del Trisquel aseguran que todo esto conlleva que los adultos «deambulen constantemente» por el recinto escolar, « incumpliendo las norma s, tanto ministeriales como autonómicas, que prohíben la presencia de cualquier adulto que no pertenezca al equipo laboral del colegio en dicho recinto». «Para coronar este rosario de despropósitos, hace escasos días se produjeron dos enfrentamientos entre el gestor de la empresa d'Ocio y una docente, y el representante de la propiedad con otra docente. En este último caso se presentó denuncia ante la Policía Nacional», relatan las familias afectadas. Un conflicto que también viven a partir de otras acciones que, en su conjunto, «minan la convivencia», como la i nstalación de cámaras de vigilancia en las instalaciones que non cuentan con permiso parental, o el hecho que desde la empresa d'Ocio y la ONG Rescate circulen con automóviles por las instalaciones ocupando espacios destinados al centro educativo.
