Uno de los mayores errores de la Constitución de 1978 fue atribuir al Gobierno el nombramiento del fiscal general del Estado. El artículo 124 dice expresamente que debe promover la acción de la Justicia y defender los derechos de los ciudadanos, siempre actuando dentro de «la legalidad y la imparcialidad». Estas dos palabras son muy importantes. Revelan que el legislador pretendía que el trabajo del fiscal general no estuviera supeditado a los intereses del Gobierno. Esto no ha sido así porque, con algunas excepciones, el fiscal general ha actuado como un brazo armado del Ejecutivo. Resulta evidente en el caso de Álvaro García Ortiz, al que Sánchez y los ministros han defendido como si fuera un miembro del Gabinete. Al...
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