Más de 300 jueces alertan de un "colapso inminente" de los juzgados de violencia machista por la reforma del Gobierno

Jueces de toda España alertan del "colapso inminente" de los juzgados de violencia de género por la reforma del Gobierno que aumenta sus competencias -que a partir de octubre abarcarán también casos de violencia sexual cualquiera que sea el vínculo entre la víctima y el agresor-, que según denuncian supondrá un aumento de la carga de trabajo a la que no se podrá hacer frente con el aumento de plazas anunciado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Más de 300 jueces y medio centenar de fiscales, respaldados por casi un centenar de secretarios judiciales, han firmado un comunicado avisando del "desastre anunciado" tras constatar que su llamada de atención del pasado marzo ha caído en saco roto.

Según ponen de manifiesto en ese escrito, esa reforma "desmantela de facto" la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral en materia de violencia de género, que "durante 20 años ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas", legalizando así un modelo que "rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real".

Y denuncian el "aumento evidente de la carga de trabajo" que supondrá la asunción de la competencia en violencia sexual "cualquiera que sea el vínculo entre la víctima y el agresor", pues "lo que antes se dividía ente varios Juzgados de Instrucción, ahora pasa a un único órgano en la mayoría de los casos".

"No se corresponde con la realidad"

Por todo ello, lamentan, el 3 de octubre de 2025, fecha de la entrada en vigor de la modificación legal, "se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer" y la del "desmantelamiento" de la Ley de Violencia de Género.

"Y todo ello se hace bajo la falsa premisa de que se trata de dar cumplimento a una obligación que nos impone el Convenio de Estambul, y de que se persigue una respuesta más ágil y rápida al problema de la violencia", señalan. Unas premisas que, subrayan, "no se corresponden con la realidad".

"ni el Convenio de Estambul exige que sean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer quienes asuman estas competencias, ni se va a producir esa respuesta más ágil y rápida, sino que se producirá justamente lo contrario, ya que será más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada", enfatizan.

El revuelo originado en estos juzgados especializados se debe a la modificación legal que añadirá a sus competencias -la violencia de género en el marco de la pareja y ex pareja-, entre otras cuestiones, "los delitos como agresiones sexuales, mutilación genital femenina, acoso con fines sexuales, o trata de personas con fines de explotación sexual, con independencia del vínculo entre la víctima y el agresor".

El pasado marzo, avisaron de que esta reforma supondrá una sobrecarga del 20% en juzgados "ya saturados" y "sin medios suficientes ni refuerzos" y de que el Gobierno presentaba como una mejora "lo que en realidad desbordaba un sistema ya precario, donde muchos juzgados no tienen guardias, forense disponible, salas adecuadas o asistencia letrada garantizadas". Todo lo cual, insistieron, iba a generar "espacios de desprotección" y "un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género".

"Lo que advertimos se confirma y empeora"

Pero posteriormente, "los grandilocuentes anuncios realizados por el ministro Bolaños sobre la creación de un 50 % más de plazas destinadas la violencia sobre la mujer, y un aumento de recursos allá donde fuera necesario" hace que -recalcan- "todo lo que advertimos se confirma y empeora. Y ya no es solo una previsión: el colapso es inminente".

Las plazas prometidas, se quejan, "no son ni mucho menos ese 50% que se anunció", y hacen hincapié en que de las grandes capitales "tan solo en Madrid se crean tres plazas, mientras que en Barcelona, Málaga y Sevilla, solo se crea una, y en Valencia, ninguna". Además, añaden, "las plazas que se crean llegarán tarde o, en muchos casos, ni siquiera estarán disponibles si no se constituyen los Tribunales de Instancia" (una de las grandes transformaciones que vivirá la Administración de Justicia próximamente).

Cuando la reforma entre en vigor en octubre, ponen de relieve, "no habrá ese 50 % de jueces más, con total y absoluta seguridad". "Donde no hay Tribunal de

Instancia, tampoco habrá plaza de nueva creación, o, en su caso, de reconversión", avisan.

Por este motivo denuncian que la ampliación de competencias 2se impone sin dotación efectiva de recursos, vulnerando la propia Ley Orgánica 10/2022", pues "nada se dice sobre el correlativo y necesario aumento de la plantilla de funcionarios, ni de Letrados de la Administración de Justicia, con lo que el embudo será inevitable".