Javier Pérez Dolset, el empresario que se ha hecho conocido en las últimas dos semanas por la trama de los audios contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por ser quien, junto a la 'fontanera' del PSOE, la ya exmilitante Leire Diez, y el abogado Jacobo Teijelo, ofreció tratos de favor con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a otro empresario, Alejandro Hamly, implicado en la trama hidrocarburos, exigirá 14 millones de euros al Partido Popular (PP) si no retira de inmediato el vídeo promocional de su concentración prevista para este domingo 8 de julio en la plaza de España de la capital bajo el lema 'Mafia o democracia'. Se trata de un víeo publicado en redes sociales por los populares en que el llaman «mafia» al Gobierno de Pedro Sánchez y muestra al propio presidente y al exministro de Tranportes, José Luis Abalos, como se de personajes de la película de 'El Padrino* se tratara. En el montaje también aparecen otros miembros del entorno cercano del jefe del Ejecutivo como su esposa, Begoña Gómez, el secretario de Organización y número tres del partido, Santos Cerdán, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz o el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Al inicio del audio, adelantado por 'El Confidencial' y publicado también por ABC, se escucha la voz de Pérez Dolset diciendo: «Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, directamente con Leire». «Constitute una transgresión grave que me afecta directamente en lo que podemos considerar una especie de gancho publicitario para unos fines absolutamente ajenos a mi voluntad», ha denunciado el empresario a través de una carta dirigida este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la que ha tenido acceso este diario. Advierte además el empresario vinculado con Leire Díez que, de difundir y exhibir dicho vídeo en la concentración convocada por los populares para este domingo o los días posteriores a la misma, los 14 millones de euros «podrían incrementarse sustancialmente». Por todo ello, exige a Génova la «inmediata» supresión de su intervención en el «meritado» vídeo, que, según explica Dolset, afecta directamente a sus derechos fundamentales.
