En una secuencia de acontecimientos que resulta insólita, el Gobierno optó primero por definir de manera unilateral los criterios técnicos para el reparto de la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, cuyos parámetros de cálculo distribuyó a los responsables regionales apenas unos minutos antes de tener que votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su aceptación; y meses después, hace poco más de quince días, por abrir una consulta pública con el objetivo declarado de incorporar sus alegaciones a la norma legal que debe sostener la famosa quita. Si el objetivo de esta última maniobra era abrir brecha en la hasta la fecha granítica oposición del grueso de las comunidades autónomas gobernadas por...
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