Sheinbaum invoca a Petro tras ataque en Michoacán de mercenarios colombianos: "Buscamos colaboración con el Gobierno de Colombia"
El reciente ataque con explosivos en Michoacán dejó al menos ocho soldados mexicanos muertos ha generado un fuerte impacto político y diplomático. Tras la detención de once ciudadanos colombianos, presuntamente implicados en el crimen, varios con formación militar, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno buscará una coordinación con el presidente Gustavo Petro. “Buscamos colaboración con el Gobierno de Colombia”, afirmó.
El presidente colombiano no tardó en responder. Gustavo Petro confirmó que varios de los implicados en el ataque son exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia y condenó su participación como mercenarios al servicio de organizaciones criminales. Petro calificó este tipo de acciones como “una traición a la patria” y anunció que propondrá una ley que prohíba expresamente la contratación de exmilitares colombianos en conflictos armados fuera del país.
Exmilitares colombianos al servicio del crimen organizado en México
La presencia de exmilitares colombianos en estructuras delictivas mexicanas no es un fenómeno nuevo, pero sí adquiere una dimensión alarmante con los hechos recientes en Michoacán. Las autoridades mexicanas detuvieron a once colombianos relacionados con el ataque con explosivos, de los cuales varios habrían recibido entrenamiento militar especializado. El operativo, atribuido a una célula vinculada al cártel de Los Reyes, refleja una preocupante profesionalización de los grupos criminales.
El uso de explosivos, el tipo de emboscada y la logística detrás del atentado revelan conocimientos tácticos que difícilmente se adquieren fuera de un entorno castrense. Esta situación ha hecho sonar las alarmas en el ámbito de la seguridad regional. Tanto Colombia como México enfrentan ahora un nuevo desafío: frenar la migración de conocimientos militares hacia organizaciones criminales que los convierten en instrumentos letales.
Petro condena el uso de conocimiento militar en redes criminales
Desde Bogotá, el mandatario colombiano fue enfático. Petro no solo confirmó el perfil militar de algunos de los detenidos, sino que también se mostró indignado por la utilización de recursos públicos como la formación en combate para fines ilícitos. Anunció que su administración propondrá una iniciativa legislativa para impedir que miembros retirados del Ejército colombiano participen en conflictos o tareas armadas en el exterior, particularmente cuando estén al margen de la ley.
Por su parte, el cónsul colombiano en México, Alfredo Molano Jimeno, declaró que algunos de los involucrados podrían haber ingresado al país bajo falsas promesas o engaños, relacionados incluso con redes de trata de personas. La línea entre mercenarios y víctimas de explotación internacional no siempre es clara, especialmente cuando las condiciones económicas en Colombia empujan a muchos exsoldados a buscar oportunidades fuera del país.
México y Colombia preparan una respuesta conjunta
El gobierno de Claudia Sheinbaum busca una respuesta coordinada con Colombia para enfrentar este fenómeno. La presidenta mexicana considera clave trabajar de forma bilateral para desarticular las redes de reclutamiento, frenar la infiltración de elementos con formación militar en grupos delictivos y generar estrategias de prevención más sólidas. “Es un asunto de seguridad compartida”, afirmó una fuente cercana al gabinete de seguridad nacional.
La creciente profesionalización del crimen organizado en México, alimentada por exmilitares extranjeros, plantea un desafío sin precedentes. Más allá de las detenciones en Michoacán, el caso podría sentar las bases para una nueva política regional en materia de seguridad y defensa. México y Colombia, históricamente golpeados por la violencia, ahora enfrentan un enemigo común: el reciclaje de la guerra en manos del narcotráfico.