Errores en las deportaciones de Trump: inmigrante gutemalteco expulsado a México regresa a EEUU tras fallo de juez
Un inmigrante guatemalteco identificado como O.C.G. fue devuelto el 4 de mayo a Estados Unidos después de que un juez federal determinara que su deportación había sido realizada sin seguir el debido proceso legal.
El caso representa un precedente importante, ya que es la primera vez que la administración Trump devuelve a una persona deportada tras una orden judicial directa.
¿Qué fallas legales hubo en la deportación de O.C.G.?
El juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, dictaminó que la deportación del guatemalteco O.C.G. violó normas fundamentales de procedimiento, ya que:
- Fue deportado 2 días después de que un juez prohibiera su expulsión sin garantías adicionales.
- No se le notificó con anticipación que sería enviado a México.
- Le negaron la oportunidad de contactar a sus abogados antes de ser trasladado.
- El gobierno presentó una declaración jurada errónea, afirmando que O.C.G. no temía ser deportado a México.
La justicia federal confirmó que no existían testigos ni pruebas que respaldaran la versión del gobierno, y que la única evidencia válida era la declaración del propio afectado.
El juez concluyó que era altamente probable que O.C.G. demostrara que su expulsión careció de cualquier forma de debido proceso.
Inmigrantes aún esperan resolución tras ser enviados a África
Además del caso de O.C.G., su equipo legal está intentando contactar a 8 inmigrantes más que fueron supuestamente enviados sin proceso legal adecuado a África Oriental, con destino final en Sudán del Sur.
Actualmente, permanecen bajo custodia en Yibuti, donde el juez Murphy ordenó que reciban entrevistas de “miedo razonable” para determinar si su traslado a un tercer país representaría un riesgo para su seguridad.
En estos casos, el gobierno estadounidense está obligado a:
- Mantener la custodia directa de los inmigrantes, ya sea dentro o fuera de EE. UU.
- Brindar al menos 15 días para apelar una posible expulsión si no se supera el estándar de miedo razonable.
- Garantizar que se respeten los derechos legales de cada individuo durante el proceso.
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