El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha facilitado este jueves a las personas de orígenes mayoritarios, como los individuos blancos o heterosexuales, la presentación de demandas por discriminación «inversa» en el lugar de trabajo, al revivir la demanda de una mujer de Ohio que alegaba que se le había denegado ilegalmente un ascenso y había sido degradada por ser heterosexual. Los jueces, en un fallo de 9-0, han anulado la decisión de un tribunal inferior de rechazar una demanda de derechos civiles de la víctima, Marlean Ames, contra su empleador, el Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio. La mujer afirmó que tenía un supervisor gay cuando fue rechazada para un ascenso en favor de una mujer homosexual. Asimismo, fue degradada, con un recorte salarial, en favor de un hombre gay. El litigio se centró en cómo deben probar los demandantes como Ames una violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, origen nacional y sexo, incluida la orientación sexual. Ames impugnó un requisito utilizado por algunos tribunales estadounidenses según el cual los demandantes pertenecientes a grupos mayoritarios deben aportar más pruebas que los demandantes pertenecientes a minorías para presentar una demanda inicial -o «prima facie»- de discriminación, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que rige el proceso empleado para resolver tales casos. Entre estos organismos se encuentra el Tribunal de Apelación del 6º Circuito de EE.UU., con sede en Cincinnati, que falló en contra de Ames. Exigen que los demandantes de grupos mayoritarios demuestren «circunstancias de fondo» que indiquen que el acusado de prejuicios en el lugar de trabajo es «ese empleador inusual que discrimina a la mayoría». El magistrado liberal Ketanji Brown Jackson, que escribió para el tribunal, dijo: «Llegamos a la conclusión de que el Título VII no impone una norma tan estricta a los demandantes de grupos mayoritarios. Por lo tanto, se anula la sentencia y se devuelve el caso para que se aplique la norma prima facie adecuada». Ames, de 61 años, presentó en 2020 una demanda por daños y perjuicios. Argumentó que fue discriminada en las decisiones de empleo de su departamento en 2019 por ser heterosexual, en violación del Título VII, y que estaba más cualificada que las dos personas homosexuales a las que se dieron los puestos de trabajo en lugar de a ella. «Yo era heterosexual y me hicieron a un lado por ellos» , dijo Ames a Reuters en febrero. El 6º Circuito dijo que Ames no podía satisfacer el requisito de las «circunstancias de fondo» y demostrar que una persona homosexual tomaba las decisiones de empleo a favor de los gays. Las dos personas que tenían autoridad en esas decisiones de personal, señaló, eran heterosexuales. La oficina del fiscal general republicano de Ohio, Dave Yost, defendió en los documentos judiciales las medidas de empleo relativas a Ames como parte de una reestructuración del Departamento de Servicios a la Juventud y dijo que los dirigentes del departamento consideraban que carecía de la visión y las dotes de liderazgo necesarias para el puesto de nueva creación para el que se presentó.
