El Gobierno ha denegado la solicitud de documentación realizada por las Cortes Valencianas, en el marco de la comisión de investigación abierta tras la catastrófica dana del 29 de octubre, al considerar que esa información sobre la actuación de la Administración central y sus entes -por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)- sólo pueden pedirla «exclusivamente» el Congreso y el Senado. «Las facultades de control político de la asamblea legislativa de una comunidad autónoma se circunscriben a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la comunidad autónoma, sin que sea posible que mediante esa facultad los parlamentarios autonómicos, invocando alguna relación de la información o documento solicitados con los intereses o competencias autonómicas, puedan...
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