Pésimas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump quiere embargar propiedades y dinero a indocumentados que rechacen la deportación
Donald Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que impactaría de manera directa a miles de inmigrantes indocumentados. La medida forma parte del llamado Proyecto Regreso a Casa, un plan que busca acelerar las deportaciones masivas.
El decreto contempla sanciones como el embargo de propiedades, el bloqueo de cuentas y multas diarias de hasta mil dólares para las personas que se nieguen a salir de Estados Unidos por voluntad propia.
Donald Trump quiere embargar propiedades y dinero a indocumentados que rechacen la deportación.
El Proyecto Regreso a Casa, impulsado por Donald Trump, propone medidas estrictas para presionar la salida de inmigrantes indocumentados sin pasar por un proceso judicial prolongado. Estas son algunas de las disposiciones más relevantes:
- Embargo de bienes: los inmigrantes que desobedezcan una orden de deportación podrían perder casas, vehículos, salarios e incluso cuentas bancarias.
- Multas diarias: la orden contempla sanciones de hasta 998 dólares por cada día de incumplimiento.
- Sanciones retroactivas: las penalizaciones podrían aplicarse hasta cinco años atrás, y en algunos casos representar deudas superiores al millón de dólares.
- Deportación forzada: si el inmigrante no acepta salir voluntariamente, el gobierno tendría libertad para expulsarlo sin previo aviso y elegir el país de destino.
Bill Hing, profesor de leyes en la Universidad de San Francisco (USF), advirtió que quitarle a alguien sus bienes sin una orden judicial va en contra de principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
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Inmigrantes pueden utilizar CBP Home para abandonar Estados Unidos
El Proyecto Regreso a Casa de Donald Trump también incluye una alternativa de salida voluntaria. Mediante la aplicación CBP Home, los inmigrantes indocumentados pueden registrarse para abandonar Estados Unidos por decisión propia. Según el gobierno, las personas que opten por esta opción recibirán:
- Un pasaje aéreo gratuito al país de origen
- Un bono de 1.000 dólares por abandonar el país sin necesidad de intervención judicial
Sin embargo, varios expertos advierten que estos incentivos no compensan los riesgos legales y económicos de permanecer en el país. Abogados y profesores de derecho han señalado que la orden podría vulnerar derechos constitucionales, como el acceso al debido proceso.