Desalojan a pacientes del Hospital Zuckerberg para dar espacio a personas sin hogar con trastornos mentales en San Francisco
San Francisco enfrenta una nueva polémica por su estrategia para abordar la crisis de indigencia y salud mental. La ciudad ha decidido desalojar a 82 pacientes del Hospital General Zuckerberg, quienes actualmente reciben tratamiento en la unidad de salud conductual. Las autoridades pretenden convertir ese espacio en una unidad psiquiátrica cerrada para personas sin hogar con enfermedades mentales graves.
El anuncio ha causado preocupación entre familiares, personal médico y defensores de derechos humanos. Muchos de los pacientes afectados llevan años en el centro y han logrado estabilizar su salud. La medida, impulsada por el Departamento de Salud Pública, refleja la creciente presión por atender a la población sin techo.
Pacientes estables, pero desplazados por la crisis de indigencia en San Francisco
El plan implica transformar la unidad actual de salud conductual en una instalación especializada con camas psiquiátricas cerradas, destinadas a personas sin hogar que padecen trastornos mentales severos. Según las autoridades, esta decisión responde a la necesidad urgente de atender a quienes se encuentran en las calles y no acceden a tratamiento.
No obstante, 82 pacientes actualmente internados en el centro deberán abandonar el lugar. Muchos de ellos forman parte de una población especialmente vulnerable: adultos mayores con enfermedades mentales crónicas que han encontrado en el hospital estabilidad, seguridad y atención continua. El desalojo podría significar una interrupción drástica en sus rutinas y un retroceso en sus progresos médicos.
La política de Gavin Newon frente a los desafíos de salud pública
Este movimiento se enmarca en la política del gobernador Gavin Newon, quien ha defendido una serie de leyes para facilitar el tratamiento forzoso de personas sin hogar con enfermedades mentales. Bajo su administración, se han implementado reformas legales que permiten intervenir en casos extremos sin requerir el consentimiento del afectado, una estrategia que ha sido respaldada por algunos sectores y rechazada por otros.
En el contexto actual, el plan de San Francisco parece alinearse con esa filosofía. Las autoridades locales sostienen que la nueva unidad cerrada es una herramienta clave para frenar el deterioro social vinculado al aumento de la indigencia. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos en salud mental advierten que sacrificar la estabilidad de los pacientes actuales no debería ser el precio a pagar por ampliar los servicios.
Reacciones divididas ante una decisión urgente pero polémica en California
El debate sobre la medida se ha trasladado al plano político y social. Algunos funcionarios y residentes de San Francisco consideran que la prioridad debe ser atender la crisis visible en las calles, aunque ello implique tomar decisiones difíciles. Otros critican que se desplace a personas que ya han logrado avances significativos, y que se haga sin una planificación detallada sobre su reubicación.
Mientras tanto, el Departamento de Salud Pública insiste en que esta acción busca salvar vidas y restaurar el orden en los espacios públicos. Sin embargo, la falta de comunicación efectiva y de planes de contingencia sólidos genera inquietud entre familiares y profesionales de la salud. La decisión reabre el debate sobre cómo Estados Unidos debe equilibrar sus esfuerzos entre seguridad, salud mental, ley, atención a inmigrantes y derechos humanos.