El Ayuntamiento de Alicante rechaza que se haya producido un fraccionamiento de contratos en el área de Servicios Jurídicos y continúa investigando si podría haber tenido lugar en la compra de armamento para la Policía Local. Después de que el interventor advirtiera de un posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en ambos expedientes, el alcalde encargó un informe para averiguar lo ocurrido en sendas tramitaciones. Ahora, el ejecutivo se muestra “convencido” de que, al menos en el primero de los casos, las conclusiones del alto funcionario “son erróneas”.
