El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de la consejera Carmen Susín , ha dado a conocer este martes 3 de julio finalmente y espoleada por la Justicia los datos sobre menores migrantes no acompañados. Según ha especificado Susín , la comunidad atendió en 2024 a 494 menas, registrando su ocupación máxima el 31 de diciembre, con 216 menores extranjeros no acompañados en el sistema de protección ; esto es, una ocupación del 207,69% de las plazas estructurales destinadas a estos menores, cifradas en 104. Además, Aragón cuenta con 364 plazas de acogida para menores , 104 de ellas específicas para extranjeros. La consejera de Bienestar Social también ha detallado que del total de las plazas destinadas a menores (además de las 104 para extranjeros), cuatro son para atender a embarazadas, 21 a jóvenes con discapacidad, 45 en centros de internamiento, 15 para menores con trastornos de conducta, 18 de hogares para niños y reunificación familiar y 157 destinadas a menores en situaciones de desprotección por todo tipo de causas. Los datos han sido presentados este martes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimara las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Aragón para no comunicar los datos sobre menores migrantes que tiene bajo tutela. El TSJM ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el real decreto-ley 2/2025 frente al Estado, que pretendía su inadmisión, pero ha rechazado las cautelares. «El Real Decreto Ley en ningún momento se ha planteado para salvaguardar el interés superior de los menores migrantes no acompañados que están en Canarias y Ceuta: solo sirve para sujetar los siete votos que permiten que el presidente del Gobierno mantenga su sillón en Moncloa«, ha argumentado Susín sobre la negativa del Gobierno de Aragón a proporcionar los datos del sistema de protección de menores autonómico. «Como ven, este Gobierno no es insumiso: cumple, por supuesto, con la ley y con lo que los tribunales dictan, y esto es algo que el Gobierno de España parece que no está dispuesto a hacer», ha criticado la consejera.
