«Nos llamaron alarmistas, pero estamos en un momento histórico ante la demolición deliberada del Estado de Derecho a través de distintas fórmulas». Así se ha pronunciada Ana de la Herrán, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, una de las entidades firmantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, junto a la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, entre otras asociaciones. Todas, el «dream team» de los funcionarios, se han unido para alzar la voz para el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar el sistema «objetivo, igualitario y justo» de oposiciones a la carrera fiscal o judicial o a la administración pública por un sistema «subjetivo» y «a dedo», y con «sesgo ideológico». En dicho pacto han creado un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho, que ven en claro «riesgo» ante los últimas movimientos normativos del Ejecutivo. Ya han anunciado un paro simbólico para el próximo día 11 de junio, pero no descartan nuevas medidas como una huelga, a todas luces «indeseada». En la biblioteca de la Audiencia Provincial de Sevilla ha continuado por su ronda nacional para hacer visible una situación de consecuencias graves y de la que tiene que ser consciente la sociedad. Todas las entidades coinciden en apuntar que el Gobierno con la futura ley de acceso a la Función Pública pretende una vuelta a un sistema de elección de los «suyos» propios del siglo XIX, para dejar resquicios a la injerencia política en la selección de jueces, fiscales o habilitados nacionales. A esto se une el pacto entre PSOE y Junts para que los habilitados nacionales en la administración local pasen a manos de la Generalitat. En ampliación.
