Una llamada a la legitimidad del poder judicial

Bajo el lema De la legalidad a la legitimidad: el desafío judicial del siglo XXI, se ha celebrado en Madrid el IV Encuentro Jurídico, organizado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. La jornada reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico, político y mediático para reflexionar sobre los profundos retos que enfrenta el sistema judicial en la actualidad, en un contexto de creciente presión y polarización política y desconfianza ciudadana.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, inauguró el encuentro con una intervención que marcó el tono del debate: una firme defensa de la justicia como límite institucional frente al ruido político y mediático. Santiago alertó del fenómeno conocido como lawfare, el uso estratégico de la justicia con fines políticos, que socava tanto la credibilidad del poder judicial como la democracia misma. “Estamos asistiendo a un desplazamiento del poder judicial hacia el centro del tablero político”, advirtió, subrayando que, “si la justicia pierde legitimidad, no solo peligra el Estado de Derecho, sino también la convivencia democrática”.

Santiago reivindicó la necesidad de reformar los órganos de nombramiento judicial y abogó por una “justicia comprensible y razonada”, que se sitúe por encima del conflicto y actúe como árbitro imparcial, no como jugador en el enfrentamiento partidista.

El juez como víctima del sistema

Tras la bienvenida del presidente de los gestores administrativos, el turno de palabra pasó al magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que abordó el complejo equilibrio entre poderes en un sistema cada vez más judicializado. Campo identificó cuatro causas que explican la creciente politización del sistema judicial: el tránsito de una democracia parlamentaria a una constitucional, la tendencia a judicializar los conflictos, la sobreproducción legislativa y el papel creativo de los jueces ante lagunas normativas.

“La ley debería ser el refugio del ciudadano, pero se ha convertido en un arma de confusión”, lamentó Campo. Según él, los jueces se ven obligados a “crear Derecho”, una función que los expone a la crítica y los aleja de su cometido original. Este desplazamiento, subrayó, “no aporta nada ni a la política ni al sistema judicial”, y pone en jaque la legitimidad democrática.

El Supremo y la crisis de confianza

Después de estas dos ponencias, la jornada derivó al debate abierto en torno a tres mesas redondas. La primera, titulada El reto de garantizar derechos en tiempos de crisis, contó con la participación de los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral y Juan Pedro Quintana, moderados por el periodista Marcelino Abad. Ambos coincidieron en que la confianza ciudadana es el mayor valor del sistema judicial.

Quintana fue especialmente gráfico al hablar de la necesidad del juez de mantenerse al margen del debate político: “Hay que ponerse el chubasquero”, afirmó, para subrayar la necesidad de aislamiento frente a las presiones externas. Del Moral, por su parte, advirtió que la mera posibilidad de influencia del poder político sobre el judicial ya constituye una amenaza: “El poder político debería abstenerse de tener presencia, siquiera simbólica, en la justicia”.

El Constitucional, entre la norma y el ruido

En la segunda mesa, “Entre la interpretación jurídica y la presión política”, el foco estuvo puesto en el papel del Tribunal Constitucional y la reciente filtración de la ponencia sobre la ley de amnistía. Moderados por Carlos Berbell, participaron el magistrado José María Macías y el exvicepresidente del TC y exjuez del TEDH, Luis López Guerra.

Ambos coincidieron en que, si bien estas filtraciones no afectan directamente a las decisiones judiciales, sí dañan la credibilidad institucional. López Guerra recalcó que “el problema del TC no es de voluntad, sino de interpretación”, debido a que muchos de los supuestos que debe analizar no tienen una solución unívoca y abierta.

Además, se abordó el problema de la apariencia de imparcialidad. Según Macías, el sistema de elección de jueces del TC no favorece la imagen de neutralidad. Ambos ponentes llamaron a ejercer una mayor responsabilidad institucional en lugar de confiar exclusivamente en reformas estructurales que podrían traer más problemas que soluciones.

Justicia, relato y opinión pública

La última mesa, titulada “Justicia, relato y legitimidad: medios, instituciones y opinión pública”, reunió a la expresidenta del Congreso Meritxell Batet y al periodista Antonio Hernández-Rodicio en un animado debate moderado por Patricia Esteban. En esta sesión se analizó quién construye el relato de la justicia y cómo influye la narrativa mediática en la percepción ciudadana.

Batet sostuvo que el relato judicial corresponde construirlo a los propios jueces, al ser los únicos actores no sometidos a elecciones ni a la presión de la opinión pública. Esto, añadió, les otorga una gran responsabilidad: “La imparcialidad no es ausencia de ideología, sino la capacidad de actuar con independencia de ella”. También señaló que la mayor legitimidad del juez radica en la aplicación objetiva del derecho, ajena a sensibilidades personales.

Hernández-Rodicio, sin embargo, planteó una visión más coral del relato judicial, donde intervienen no solo los jueces, sino también los medios, la ciudadanía y las redes sociales. “La justicia ya no es solo un conjunto de decisiones, sino una narrativa pública en construcción constante”, explicó.

Ambos ponentes alertaron del creciente riesgo de judicialización de la política, que en última instancia desprestigia tanto al poder judicial como al político. Se habló de las redes sociales como amplificadoras del entorno (y, en suma, del conflicto) y como un factor que distorsiona la percepción, especialmente entre los más jóvenes, quienes, según Batet, “acudirán a las urnas sin haber accedido a todas las opciones posibles”, guiados únicamente por los algoritmos de sus perfiles.

El IV Encuentro Jurídico sirvió como espacio de reflexión profunda sobre el momento que atraviesa el sistema judicial español. Si algo quedó claro, es que no se trata solo de una crisis de legalidad, sino de una crisis de legitimidad. La confianza ciudadana, el aislamiento del poder judicial de las luchas partidistas, la racionalización legislativa y la responsabilidad institucional fueron los grandes temas que atravesaron todas las intervenciones.

El mensaje unánime fue claro: la justicia debe permanecer ajena al ruido, actuar con responsabilidad y reafirmarse en su papel como garante último de la convivencia democrática. En palabras de Fernando Santiago, “cuando todo depende de un juez, es que algo falla en la política”. Y ese diagnóstico, compartido por todos, es el punto de partida para una necesaria reconstrucción de puentes entre la justicia, la política y la ciudadanía.