Una red de narcotraficantes y blanqueadores de dinero habría metido en España, a través del aeropuerto de Barajas, cientos de kilos de cocaína . En una operación conjunta, Ghost Air, la Policía Nacional y la Guardia Civil han conseguido detener a diez intengrantes de esta mafia. Se han recuperado 190 kilos, informan fuentes policiales. La investigación se inició en abril de 2024, cuando el Instituto Armado le echó el guante a una persona que llevaba dos maletas de un vuelo procedente de República Dominicaba con 52 kilos de droga. El asunto es que el individuo no había llegado en un vuelo de Santo Domingo, sino que había accedido al aeródromo con la intención de coger un avión a Bilbao. En ese punto, las pesquisas confluyeron con las que estaba practicando la Brigada de Policía Judicial de Madrid sobre estas mismas personas. Y unificaron sus fuerzas. El 'modus operandi' de la organización criminal consistía en que una persona captada lograba acceder al interior de las terminales del aeropuerto con un billete de bajo coste. Una vez en la zona restringida de seguridad, el pasajero era guiado por alguien que aparentaba trabajar para un cuerpo policial y que le acompañaba hasta la cinta de recogida de equipajes. Allí recuperaba las maletas que ocultaban la droga, acompañándole posteriormente hasta la salida de Barajas. El desarrollo de la investigación permitió relacionar a los investigados con siete envíos diferentes de droga desde Suramérica a Madrid. Se detuvieron a cinco pesonas que intentaban sacar el equipaje con la cocaína. El grupo también captaba en Madrid a mujeres jóvenes para que transportasen el dinero en efectivo procedente de estas actividades ilícitas en vuelos a la isla de Lanzarote. Desde allí, junto a otro colaborador, transportaban los billetes a bancos situados en países fuera de la UE. En noviembre del pasado año, se procedió a la detención de los cinco integrantes del grupo, cuatro hombres y una mujer, a los que les imputaron delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Además, la autoridad judicial competente autorizó la realización de tres registros domiciliarios, uno en Torrejón de Ardoz, otro en San Sebastián de los Reyes y un tercero en Lanzarote, en los que se incautaron 150.000 euros en efectivo, un arma corta simulada, diversa documentación relacionada con la investigación, un 'wallet' (monedero) de criptomonedas, terminales telefónicos, así como el chaleco y una cartera con placa que usaba uno de los acusados para identificarse como perito judicial.
