Ley poca pensada, por Kurt Burneo
Veo con preocupación la apurada aprobación por parte del Congreso de una ley “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”, Esta norma establece la redistribución del Impuesto General a las Ventas (IGV) que grava en un 18% las transacciones. De los 18 puntos, actualmente 16 corresponden al IGV propiamente dicho y va al gobierno nacional y 2 puntos a las Municipalidades como Impuesto de Promoción Municipal (IPM).
Esta autógrafa de ley enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, establece una redistribución al interior del IGV: Se reduce de 16 a 14 puntos la asignación al Gobierno Nacional y eleva de 2 a 4 puntos el IPM asignado a las Municipalidades. Si bien se plantea que esta redistribución sea gradual en 0.5% anual entre el 2026 al 2029, daría la falsa impresión que es fácilmente asimilable, yo diría más bien que esta es una percepción errada, como lo es también el planteamiento de redistribución mismo, Veamos por qué, en esta breve nota.
El IGV es un impuesto de naturaleza regresiva que se paga al realizar una adquisición, es decir, se cobra en la compra final del bien o servicio. Según la ley vigente, este impuesto se retiene para todas las actividades, “con excepción de las exportaciones, la que establezca la ley u otra norma especial” como es por ejemplo el caso de alimentos no procesados. Desde el momento en que se inicia la reducción del IGV, así sea gradualmente a 14% y en paralelo la subida del IPM a 4%, se está aumentando la parte del presupuesto que va para los municipios, y a la vez se está reduciendo la parte del presupuesto que queda en el Gobierno Nacional, obviamente entonces, en la práctica, actividades exclusivas del gobierno nacional como son las correspondientes por ejemplo al manejo de las Relaciones Exteriores, la Gestión de Programas Sociales o la Gestión de la Seguridad y Orden Interno, se estarían desfinanciando, a la vez que las Municipalidades recibirían más recursos que si bien señala la norma que deben ser usados en financiar gasto de capital exclusivamente, el caso es que actualmente la capacidad de los municipios para gastar estos recursos en inversión es bastante baja. Como dice un dicho antiguo “Dios le da serrucho a quién no tiene madera”, entonces ¿Cuál es el costo de oportunidad de estos recursos transferidos?
Dicho de otra forma, ¿qué funciones exclusivas del Gobierno Nacional tendrán un futuro presupuesto reducido y a cambio de qué? Esta redistribución presupuestal, además de afectar la sostenibilidad fiscal, limita la capacidad del MEF, para gestionar Recursos Públicos, la cereza en el helado es la aprobación en el Pleno del Congreso de la República un texto sustitutorio incluyendo más de una veintena de proyectos que dan vida a esta nueva norma cuyo objetivo, declarativamente, es optimizar el reparto de ingresos públicos entre los Gobiernos Subnacionales y promover el “desarrollo sostenible de las zonas alejadas del país mediante una distribución eficaz y eficiente de los recursos del Estado”.
Para esto se desfinancia al Gobierno nacional y dadas las reducidas capacidades de gestión de las Municipalidades -sobre todo en gastos de capital- si se sabe esto, bien se haría en culminar los 1474 proyectos de inversión paralizados a diciembre 2024 en las Municipalidades, según la Contraloría General de la República. De no hacerse nada al respecto se seguirán volviendo obsoletos los expedientes técnicos de los proyectos y con ello los presupuestos asociados a estos.
En la intención contenida en la norma aprobada se alude reiteradamente a la Descentralización Fiscal, proceso que transfiere poder de decisión, responsabilidad, recursos y competencias del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. El objetivo principal es promover un desarrollo territorial más equitativo y fortalecer la democracia, permitiendo que los gobiernos locales atiendan mejor las necesidades de sus ciudadanos. ¿Esto ha venido pasando? Todos sabemos que la realidad de la descentralización fiscal en nuestro país dista mucho de lo antes descrito. El problema en gran parte se asocia con la insuficiente capacidad de gestión en las Municipalidades ¿Se resuelve el problema creando como posibilidad contar con recursos adicionales ¿a costa de inútilmente desfinanciar al gobierno nacional?.