Bebés robados y vendidos a extranjeros: justicia procesa a red que operó en dictadura
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por sustracción de menores entre la década de 1970-1990 y envió a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Israel respecto de una de las encausadas.
El magistrado procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros.
El ministro Aguilar Brevis encausó a Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas por el delito de asociación ilícita.
Además, Ivonne Gutiérrez Pávez fue procesada por dos delitos de sustracción de menores. Ismael Espinoza León, Carlos Vega Segura y Laura Silva Sánchez fueron sometidos a proceso como autores de un delito de sustracción de menores.
Finalmente, Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, fue sometida a proceso por el delito de prevaricación dolosa.
La investigación del ministro Aguilar Brevis determinó que en la década de los 80 existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares.
Asimismo, el magistrado desestimó que los delitos se encuentren prescritos al establecer que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, el magistrado solicitó a Israel la extradición de la procesada Ivonne Gutiérrez Pávez, quien reside en ese país, invocando el Convenio Europeo de Extradición el que entró en vigencia Chile a partir del 1 de junio de 2025.