Más progreso, menos confianza
El último Informe global sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD revela una paradoja inquietante: nunca habíamos tenido tanta riqueza, salud y educación, y, sin embargo, la percepción de inseguridad, desconfianza y malestar social crece en todo el mundo.
Entre 2010 y 2023, el desarrollo humano siguió avanzando, pero lo hizo de modo más lento… y más desigual. Y lo más preocupante: lo hizo en medio de una creciente erosión del contrato social. El informe alerta de que el progreso económico no está siendo acompañado por mejoras en cohesión social, legitimidad institucional ni bienestar subjetivo.
En muchos países, los avances materiales conviven con una profunda sensación de exclusión, desconfianza y polarización. El ingreso per cápita puede subir, pero si la gente no siente que ese progreso es justo, compartido o duradero, el malestar político se intensifica.
Costa Rica no escapa a esta lógica. Aunque nuestro Índice de Desarrollo Humano sigue alto (aunque estancado), la percepción de deterioro institucional, el debilitamiento de los espacios de diálogo y la caída en la confianza ciudadana también son visibles.
Las últimas encuestas muestran que menos del 20% de los costarricenses confía en los partidos políticos, y que los niveles de satisfacción con la democracia son los más bajos desde que existen datos comparables.
La política se ha convertido en un campo de batalla permanente. La conversación pública, en una arena de sospechas y descalificaciones. La desconfianza tiene efectos corrosivos: reduce la cooperación, debilita las políticas públicas y hace más difícil alcanzar consensos. Además, alimenta narrativas simplistas que prometen soluciones rápidas a problemas complejos.
Cuando la gente deja de creer en las instituciones, empieza a creer en cualquier cosa. El informe del PNUD concluye que necesitamos reconstruir los “contratos sociales”, entendidos no como documentos legales, sino como acuerdos amplios sobre qué entendemos por justicia, progreso y dignidad.
En Costa Rica, esa tarea pasa por recuperar la capacidad de construir políticas públicas de Estado de largo plazo, con participación plural y compromiso con la evidencia.
Andrés Fernández Arauz es economista.