Lo que comenzó como un control de alcoholemia protocolario después de un accidente de circulación ha acabado suponiendo una inesperada batalla legal entre uno de los afectados en dicho choque y la policía. Y es que el hombre se negó a someterse a dicho control y, pese a que la normativa establece que se puede considerar una falta grave, ha salido indemne de esa rebeldía ... que no fue tal. El suceso se produjo en noviembre de 2023 en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama . La Policía Local acudió al aviso de un accidente de una motocicleta en la Avenida de los Hoyos, donde encontraron al dueño del vehículo sentado y aquejándose de un fuerte dolor en un brazo. Cuando detectaron que el propio accidentado mostraba dificultad para hablar y caminar , estimaron que estas no se debían al propio choque, sino que podía estar bajo los efectos del alcohol y le sometieron al pertinente control. Cuando fueron a hacerle el pertinente control con etilómetro, este dio un resultado de de 0,47 mg/l de alcohol por aire espirado (casi el doble del máximo permitido), pero al hacer una segunda medición, los agentes expusieron en el atestado que el conductor interrumpía constantemente dicho control, por lo que decidieron trasladarle al Hospital Reina Sofía se San Sebastián de los Reyes (Madrid) para su valoración. En su declaración, el investigado declaró ante el juez que no pudo realizar la prueba por incapacidad física, indicando que tenía seis costillas rotas y el pulmón perforado , tal y como quedó probado en las pruebas que le hicieron en el hospital. Al considerar que se le había forzado a hacer dicho control pese a que no se encontraba físicamente bien, más allá del estado de embriaguez, decidió denunciar. Ahora el juez de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha acordado el sobreseimiento de la causa que se había abierto contra el conductor por un delito contra la seguridad vial. En el auto de archivo, citado por Europa Press, el juez decreta el archivo de las actuaciones, apuntando que los indicios apuntan a «la existencia de problemas de salud que, bien le impedían inspirar o espirar lo suficiente para llevar esa prueba a su fin, bien le suponían un dolor real derivado de las múltiples patologías sufridas tras el accidente como impedimento a la realización de dicha prueba, tal como se expone por la médico forense». El informe médico aportado por Juanjo Ospina , el abogado del acusado, confirma que el conductor tenía un « hidroneumotórax en contexto de politraumatismo que precisó de drenaje pleural, estallido esplénico que preció esplenectomía, siete fracturas costales y de clavícula , así como contusión pulmonar a nivel de lóbulo inferior izquierdo», lo que le impedía hacer esa segunda prueba que le solicitaban los agentes debido a que tenía «una dificultad para inspirar y espirar profundamente, tal y como se requiere en la prueba de alcoholemia, pudiendo suponer el dolor un impedimento a la realización de la prueba». El juez explica que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa» dado que no existe una negativa del conductor, sino que había unos problemas de salud que se lo impidieron. «Estamos muy satisfechos con el archivo y sobreseimiento por nuestro cliente, pero nos preocupa que este tipo de conductas por parte de los agentes de la Policía, pueda suponer algo generalizado, y no una conducta excepcional», ha señalado a Ospina a Europa Press. Este mismo abogado es quien lleva la defensa de Daniel Sancho , el español acusado de matar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia.
