La Ley de Salud Sexual y Reproductiva exige a las comunidades autónomas garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos, organizando sus recursos para que todas las mujeres puedan interrumpir libremente la gestación en un centro de titularidad pública, pero la realidad es que apenas se realizan abortos voluntarios en la sanidad pública de la provincia de Alicante.
