La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos a la pena de siete años y cuatro meses de cárcel a cada uno por la «operativa delictiva» puesta en marcha para captar fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. Da por probado que todos ellos cometieron delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba al inicio del juicio para cada uno la pena de 16 años de cárcel. Durante el juicio descargaron en el padre las decisiones empresariales, y sostuvieron que él en realidad era « el dueño de todo, quien mandaba ». En la sentencia, recogida por ABC, la Sección Segunda de la Sala Penal condena también a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, que era el director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como «banquito de Jerez». Además, el tribunal ha impuesto la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos, quien figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del Grupo. Igualmente condena a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes. La resolución indica además que los seis hermanos Ruiz-Mateos, Pazos y Romero deberán indemnizar además de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. La Audiencia Nacional detalla que Nueva Rumasa era un entramado con un considerable grado de opacidad porque estaba «constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin», no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal. Detalla que las sociedades «carecían de una matriz común» y, sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades «se venía poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial». Aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, indica la sentencia, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación ‒fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda‒.
