El Consell Comarcal de la Cerdanya (Gerona), que integra a 17 ayuntamientos , aprobó en su reunión plenaria del miércoles una moción en la que solicita explícitamente que no se expulse a la Guardia Civil de esta zona norte de Cataluña. Según ha comunicado Jucil, la asociación profesional mayoritaria en la Benemérita, Junts apoya su continuidad en el territorio al considerar que la supresión del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) supondría una «merma significativa» en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales. La asociación explica en un comunicado que la petición se produce tras un encuentro con una comisión de directivos de Jucil, encabezada por su secretario general, Ernesto Vilariño. El Consell se mostró receptivo al planteamiento de los guardias civiles y propuso extender la petición a la comarca de Pirineus , formada por Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran y Ripollès. Desde Jucil indican, pese a las exigencias de la dirección del partido de Carles Puigdemont al Gobierno central para que la Guardia Civil salga de Cataluña, Junts lidera la propuesta en este territorio, donde la eliminación del Seprona supondría, según advierten, un incremento de la contaminación ambiental, debilitaría la protección de los espacios naturales y favorecería la proliferación de actividades ilegales, como la caza furtiva. Además, precisan que desde un punto de vista operativo, «los cuerpos de seguridad que deban asumir estas funciones no cuentan ni con los efectivos ni con la formación específica , lo que no solo incrementaría su carga de trabajo, sino que también reduciría su capacidad operativa». Jucil recuerda que esta comarca, caracterizada por su entorno natural con praderas alpinas, bosques frondosos y altas montañas, alberga una gran biodiversidad de fauna y flora, así como el Parque Natural del Cadí-Moixeró , un espacio protegido de gran atractivo turístico cuyos habitantes desean conservar. Dada esta riqueza medioambiental, «la eliminación del Seprona supondría una reducción significativa de las labores de vigilancia y protección del medio natural, además de una pérdida de control sobre la tenencia y el uso de armas y explosivos». Detalla, además, que Junts expone en la moción su «oposición» a la transferencia de competencias de los servicios de Intervención de Armas y de Fiscal y de Fronteras , una especialidad clave dentro de la Guardia Civil. Sus agentes especializados supervisan el tránsito de personas y vehículos en los puntos fronterizos y desempeñan una función crucial en la lucha contra el contrabando de mercancías, el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
