El caso que sacudió la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada (UGR), y que fue revelado por ABC en noviembre de 2019 , ha llegado ahora al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sanción impuesta al catedrático Gerardo Gómez Moreno por graves irregularidades en su actividad investigadora. Tras desestimarse su recurso, el profesor ha recurrido ahora en casación, y será el Tribunal Supremo quien decida si admite el caso a trámite por su posible interés casacional. Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando se puso en conocimiento de la Universidad que este profesor era autor de un artículo retractado por la revista 'Clinical Oral Implants Research'. La Inspección de Servicios de la UGR asumió el caso y, meses después, se abrió expediente disciplinario. Siete publicaciones científicas firmadas por el docente fueron retractadas entre 2010 y 2018 por irregularidades como autoplagio, manipulación de resultados, uso indebido de imágenes o fabricación de datos . La Universidad consideró estos hechos como una falta «muy grave» y, en diciembre de 2020, impuso una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo. El pliego de cargos subrayaba que las conductas detectadas suponían un desconocimiento de las normas bioéticas y de los principios fundamentales que rigen la investigación científica y la tutela de los pacientes en ensayos clínicos. El catedrático recurrió primero esta sanción ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, que falló en 2022 a favor de la Universidad. La resolución fue entonces llevada al TSJA, que el pasado abril volvió a respaldar la legalidad de la sanción. En su sentencia, el tribunal andaluz afirmó que el apelante «incumplió funciones propias del profesorado universitario», y que la suspensión de tres años era la sanción mínima que se podía imponer dado que se trataba de una infracción «continuada y muy grave». La Universidad de Granada, por su parte, ha indicado que la sentencia del TSJA aún no es firme, ya que está pendiente de que el Supremo decida si admite o no el recurso. «En cualquier caso, la UGR reitera su firme compromiso con la legalidad y la integridad académica de toda su comunidad», señaló la institución a través de su Oficina de Gestión de la Comunicación. La apertura del expediente disciplinario tuvo lugar en octubre de 2019, después de que la entonces rectora, Pilar Aranda, ordenara una investigación interna al conocerse la retractación de varios artículos del catedrático. La propuesta de sanción se basó en un informe detallado de la Inspección, que alertaba también sobre la responsabilidad del docente en la dirección de varias tesis doctorales bajo sospecha.
