La Junta de Castilla y León convocará este viernes una línea de ayudas para la contratación de pólizas de seguros agrarios dotada con 15 millones de euros, lo que la convierte en «la mayor inversión realizada por el Gobierno autonómico» en ese apartado, según destacó el número uno del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco. «Tiene como objetivo ofrecer protección a los profesionales del campo frente a diversas contingencias, como adversidades meteorológicas, daños en las cosechas y pérdidas en las explotaciones », indicó. Fernández Mañueco hizo estas declaraciones en el Centro de Negocios de Benavente (Zamora), durante su intervención en la décima edición de la gala de entrega de los Premios Surcos, organizados por Castilla y León Televisión, en los que reconoce cada año a los mejores profesionales, empresas e instituciones del ámbito agropecuario en la Comunidad Autónoma. El presidente de la Junta anunció también que se publicarán, en la primera semana de junio, otras tres nuevas líneas de ayudas dirigidas a «impulsar» la apicultura y las ganaderías de razas puras y a «facilitar» la cobertura de certificaciones, seguros de exportación y otros gastos empresariales en las exportaciones de la industria agroalimentaria. «Estas medidas reflejan el compromiso de la Junta con los agricultores y ganaderos de Castilla y León y su intención de continuar ofreciendo soluciones reales para los desafíos del campo», subrayó. «El Ejecutivo autonómico ha reaccionado con rapidez ante la amenaza de la política arancelaria internacional, activando un plan de choque inmediato y manteniendo un diálogo constante con el sector. Ya se han producido reuniones con las denominaciones de origen del vino y se convocarán próximamente nuevos encuentros con cooperativas e industrias del sector agroalimentario», aseguró. Durante su intervención, hizo hincapié en el acuerdo «alcanzado con el conjunto del sector» sobre la nueva Política Agraria Común, que apuesta por una PAC «más justa , que priorice la agricultura profesional, que permita competir en igualdad de condiciones y que proteja al sector frente a la competencia desleal». Igualmente, recordó que el Plan para la Industria Agroalimentaria, con una inversión de 438 millones de euros y otras ayudas habilitadas por el Ejecutivo autonómico, «han permitido» la incorporación de cerca de 1.300 jóvenes al campo y la modernización de más de 2.000 explotaciones. En este sentido, incidió en que la inversión y las ayudas mencionadas han dado apoyo a 9.800 titulares de explotaciones ante los daños ocasionados por la sequía y a 8.000, por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, además de la promoción de un plan de balsas y cebaderos, el impulso a más de 24.000 hectáreas de regadío, «con la previsión de superar esta legislatura los 350 millones de inversión», y la bonificación del 95 por ciento de las tasas veterinarias. Por otra parte, Fernández Mañueco dedicó una mención especial al sector remolachero y azucarero, que calificó de «estratégico» para Castilla y León, y expresó el «rechazo» de la Junta al Expediente de Regulación de Empleo anunciado por Azucarera , además de solicitar a la compañía que «sustituya ese ERE por una regulación temporal, a través de un ERTE que garantice la continuidad de la actividad agrícola y empleo» en los servicios logísticos asociados. «Estaría bien que algún ministro de España haga algo ante este problema, que es importante para los trabajadores, los profesionales del campo y para quienes viven de este sector. Es difícil que el mismo gobierno que ataca y demoniza este sector tan importante algo en estos momentos», consideró. En cualquier caso, desde el Gobierno de Castilla y León, vamos a estar al lado de los trabajadores, de los agricultores y ganaderos y, muy especialmente, de los agricultores del sector remolachero en estos momentos, tan difíciles«, agregó Fernández Mañueco pidió este jueves «alternativas industriales » en la reunión mantenida con los responsables de Azucarera y logró el «compromiso» por parte de la compañía de «asumir» el sobrecoste del transporte y de «garantizar» el mantenimiento de la actividad agrícola y de las empresas de logística y servicios. En este apartado, el jefe del Ejecutivo autonómico también reclamó al Gobierno de España «una mayor implicación» para apoyar un sector que es estratégico para la Comunidad autónoma.
