El Gobierno ha llevado su debilidad interna a Bruselas. De la misma manera que aparca sus proyectos en el Parlamento, ha tenido que aceptar que la presidencia polaca retirara la propuesta de que las tres lenguas regionales españolas sean reconocidas como oficiales en la UE porque iba a ser rechazada de manera inapelable. La iniciativa, en la que el Gobierno invirtió su capital político, presionando hasta la extenuación a otros socios, formaba parte de las concesiones hechas por Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. El prófugo de Waterloo acusa al PP de sabotear el intento de proclamar la oficialidad europea del catalán, pero lo cierto es que las dudas jurídicas y prácticas de los socios han impedido un auténtico despropósito que hubiese convertido a España en el país con más lenguas oficiales de la UE. La operación, además, es una muestra de los engaños mutuos entre Sánchez y Puigdemont. La UE no puede reconocer como oficiales unas lenguas que no tienen tal condición en el Estado miembro. El debate español omite permanentemente que catalán, gallego y euskera son lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, pero no en el Estado, y para eso España debería acometer una reforma de su Constitución que ni siquiera ha sido planteada.
