La solicitud para que la capital gallega en su totalidad sea considerada zona de mercado residencial tensionado se está gestionando ya. Desde este lunes, momento de la presentación , la Xunta tendrá seis meses para estudiar una solicitud que, de ser aprobada, debutará con una vigencia de tres años. La idea, según reflexionó el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la junta de gobierno local, es contar con una nueva herramienta para regular el alquiler en la capital gallega. Como ejemplo, el edil expuso que la aplicación de esta polémica medida permitirá, entre otras, la limitación de las subidas de precio entre contratos y la imposición de topes en determinados casos ; el acceso a fondos estatales destinados a la construcción de vivienda pública y la aplicación de incentivos fiscales por arrendamiento. Además, ahondó, los contratos que se realicen en estas zonas deben hacer constar la cuantía de la última renta para «facilitar la supervisión del cumplimiento de las medidas de contención». El municipio — segundo gallego en realizar la solicitud de zona tensionada tras La Coruña — contempla también imponer un gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente y la creación de una empresa pública de vivienda. Según Lestegás, el concello compostelano realizó un «extenso trabajo» para concluir las ventajas de esta herramienta. Lo concretó en la diagnosis que realizó a petición del ayuntamiento el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidad de A Coruña, y en el propio Plan de medidas correctoras diseñado por el consistorio. El responsable compostelano de Urbanismo insistió en que «no actuar no es una opción» , en referencia a la escalada de precios que asumen desde hace años los vecinos de la capital, aunque desde el sector inmobiliario recelan de la medida y de su 'efecto rebote'. Temen, según valoraciones recogidas por ABC, que el control de los precios desanime a los propietarios y que estos, bien mantengan sus casas cerradas, o bien decidan comprar en municipios no tensionados si lo que buscan es invertir. Al margen de la declaración que ya ha empezado su tramitación, Santiago aprovechó la petición de este lunes para hacer un nuevo anuncio. En la declaración de zona tensionada proponen que se amplíe la definición de 'gran tenedor' a los propietarios de más de cinco inmuebles , mientras que en la ley está fijado por defecto en 10. Además, piden que la declaración tenga efecto sobre las viviendas que llevan al menos cinco años sin alquilarse. Esta petición la justifican dentro de las circunstancias de la propia ciudad. En el término municipal de Compostela, hay más de 100 inmuebles urbanos con titularidad exclusiva de personas que poseen entre cinco y 10 viviendas , según datos del padrón del IBI recogidos por el edil. Además, indicaron fuentes municipales, hay 463 titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial, que concentran un total de 3.700 propiedades, independientemente del porcentaje de titularidad. En concreto, hay 213 titulares de 5 inmuebles, 94 de 6 inmuebles, 53 de 7 inmuebles, 27 de 8 inmuebles, 20 de 9 inmuebles, 15 de 10 inmuebles y 41 de más de 10 inmuebles. En el caso de Santiago, la carga media del coste del alquiler supone el 31,1% de la renta media de los hogares . La ley marca como barrera el 30%.
