ICE: inmigrantes indocumentados podrían ser multados si permanecen en EEUU pese a orden de deportación
Una inmigrante hondureña que ha vivido en Florida durante más de tres décadas enfrenta una multa de más de 1.8 millones de dólares por no acatar una orden de deportación emitida en 2005. Esta sanción fue impuesta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y representa una nueva advertencia para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que deciden quedarse en el país pese a una orden de salida.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, ya que podría marcar el inicio de una política centrada en multas millonarias y sanciones económicas. Esta situación pone en juego la estabilidad de muchas familias con raíces profundas en Estados Unidos, como la de esta madre con tres hijos ciudadanos estadounidenses, que ahora enfrenta el riesgo real de ser separada de ellos.
¿Por qué ICE está imponiendo multas a inmigrantes con orden de deportación?
La multa de 1,821,350 dólares impuesta a la mujer hondureña se calculó aplicando 500 dólares por cada día que permaneció en Estados Unidos después de recibir una orden de deportación en 2005.
Esta sanción forma parte de una estrategia reciente del gobierno federal, que busca presionar a los inmigrantes indocumentados para que abandonen el país una vez que han sido notificados oficialmente.
Desde abril de 2025, la administración de Donald Trump ha endurecido sus políticas migratorias mediante multas económicas, posibles acciones penales y el uso de herramientas tecnológicas como CBP Home, una aplicación que permite a los inmigrantes autodeclarar su salida o hacer seguimiento a su situación migratoria.
¿Qué dice la defensa de la inmigrante multada?
La abogada Michelle Sánchez, representante legal de la madre hondureña, presentó una moción para anular la orden de deportación. Según explicó, su clienta cumple con los requisitos para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de los 10 Años.
Esta normativa que permite regularizar a personas con más de una década viviendo en el país, siempre que demuestren buen comportamiento y fuertes vínculos con su comunidad.
Sin embargo, Sánchez advirtió que impugnar la multa podría acelerar el proceso de deportación y provocar la separación de la madre y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses. "Es una situación que pone en riesgo el bienestar de una familia entera", afirmó.