La Fiscalía pide doce años de inhabilitación para la exconsejera catalana de Salud , Alba Vergés y otros tres altos cargos de su departamento, por haber «discriminado» a policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña al retrasar su vacunación contra el Covid , prevista para marzo de 2021. En un escrito fechado a finales de este pasado marzo, el Ministerio público acusa a Vergés de haber acordado «paralizar» el proceso de inmunización de los agentes de forma conjunta con su número dos, Marc Ramentol ; de quien fuera director general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que luego sustituyó a Vergès como consejero- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella . La Fiscalía apunta así que tanto la titular de Salud como los otros tres acusados eran «plenamente conscientes» de que al posponer la vacunación de policías y guardias los estaba «discriminando», al quedar «desprotegidos ante el virus » mientras la mayoría de efectivos de Cuerpos locales y autonómicos, «ya estaban protegidos». Considera así que todos ellos decidieron «paralizar el programa de vacunación» que se había fijado y «priorizar» la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, «en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen». Una decisión que tomaron desde la Generalitat «a pesar de ser conocedores» de que en esa fecha sólo estaban vacunados un 2,8 por ciento de los guardias civiles y un 3,6 por ciento de los policías nacionales, frente al 77 por ciento de mossos y guardias urbanos, el 77,9 por ciento de policías locales y el 68,9 por ciento de bomberos. Fue la víspera del inicio de la vacunación masiva de los funcionarios cuando Salud comunicó que el plan de inmunización «quedaba paralizado hasta que se dispusiera de suficientes vacunas». Fueron los sindicatos Jupol y Jucil los que formalizaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ambas entidades ejercen ahora la acusación popular en la causa contra Vergés y la cúpula de de Salud durante la pandemia, para quienes piden una condena de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación.
