De cárcel en carpas a megacárcel de concreto, ¿cuánto cambió el discurso del gobierno en un año?
En cuestión de diez meses, el gobierno de Rodrigo Chaves pasó de un discurso de restricción presupuestaria en cuanto a construcción de cárceles, a anunciar una megacárcel para 5.000 privados de libertad que se levantaría en 195 días.
La postura cambió radicalmente con respecto a julio del 2024, cuando Chaves destituyó al entonces viceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, quien ese mismo día anunció su oposición vehemente a un plan del gobierno de construir cárceles con carpas.
Sánchez había afirmado que la propuesta de instalar cárceles en carpas la sugirió el ministro de Justicia, Gerald Campos, en mayo del 2024. En esa misma época, Campos lo citó a una reunión en la que dos representantes de una empresa española presentaron al gobierno soluciones elaboradas con este tipo de material.
El exviceministro le respondió que tal idea era una “ocurrencia” y tras ser destituido la calificó como “un grave error”.
En aquella época, en un video divulgado por Casa Presidencial, Campos afirmó que no era cierto que Sánchez haya dejado el cargo por oponerse a las carpas, sino que se debió a denuncias por acoso laboral en su contra, y agregó que fue con una delegación a España a conocer su sistema penitenciario y buscar una solución pronta.
“La pregunta es, ¿podemos esperar tres años para hacer una cárcel nueva? La respuesta es no. ¿Tenemos el presupuesto necesario? La respuesta es no. ¿Vamos a liberar golondrinas como hicieron otros gobiernos? La respuesta es no”, declaró el jerarca.
Aseguró que la propuesta de las carpas costaría menos de ¢5 millones por privado de libertad, a diferencia de una cárcel nueva que costaría ¢47 millones por recluso.
Días después de la salida de Sánchez, trascendió que el plan fue propuesto por Datasys, una empresa de proyectos tecnológicos con varios contratos en el Estado, quienes contactaron al ministro de Justicia con la empresa española de carpas, ARPA, con sede en Zaragoza, España.
El plan se cayó en agosto de ese mismo año, cuando los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron incluir los ¢2.684 millones que hubiera costado el proyecto al Presupuesto Nacional 2024, y más bien decidieron que los fondos debían destinarse al diseño y construcción de unidades de concreto.
Un cambio radical
Menos de un año ha pasado y ahora la propuesta es una megacárcel para 5.000 reclusos, anunciada por Campos apenas días después de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
No solo fue inspirado por el modelo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sino que dicho gobierno donó a Costa Rica los planos del Cecot, lo que representaría un ahorro de $25 millones al proyecto inicial, dijeron las autoridades ticas. El ministro Campos aseguró que el proyecto terminaría costando $35 millones.
Desde ese anuncio, el gobierno no ha divulgado la ubicación del centro penal, qué modelo de contratación se usaría, ni cuál sería el costo de adaptar esos planos de una cárcel de 40.000 privados de libertad a los 5.000 que pretende Justicia y Paz.
En una entrevista otorgada a La Nación el 30 de abril, Campos aseguró que la prisión se construiría en tan solo 195 días, plazo calculado con base en el aproximado de días que tardó El Salvador en construir su megacárcel, y que el dinero podría provenir de una donación de un gobierno aliado, sin dar ningún detalle de posibles donantes o negociaciones en curso.
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Según el jerarca, siguiendo el modelo salvadoreño, Justicia y Paz encontró una forma de calcular los verdaderos costos de la obra, no los costos ofrecidos por las empresas.
Previendo posibles obstáculos de la Contraloría General de la República (CGR), Campos manifestó que el ente contralor tendría “que cargar sus muertos”, discurso mantenido por el presidente Chaves durante una visita a La Reforma, donde afirmó que “no le sorprendería” que la contralora Marta Acosta trabara el proyecto.
Incertidumbre sobre costos
Las dudas sobre el origen de los fondos se incrementaron esta semana, cuando el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó a la prensa que a él no se la había informado oficialmente sobre el requerimiento de esos $35 millones.
“No me ha comunicado el monto, eso es algo que él dijo a la prensa. No ha habido una nota específica pidiendo los recursos. El día que venga haremos el ejercicio”, manifestó el ministro de Hacienda ante consultas de La Nación, en uno de los pasillos de la Asamblea Legislativa.
Acosta también negó haber certificado la disposición de los recursos para pagar las obras, como Campos lo indicó el pasado 12 de mayo al programa 7 Días, de Teletica.
Según Acosta, el monto mencionado por Campos fue “preliminar” y no se remitiría al Congreso ningún presupuesto extraordinario mientras no se tenga la cifra definitiva. Agregó que el dinero saldría de los presupuestos no ejecutados por otras instituciones durante el 2025.
“Vamos a hacer una redistribución de los recursos. Hay otras instituciones que tienen remanentes, y entonces, vamos a utilizar todos esos remanentes para tener el presupuesto correspondiente”, subrayó.
Posteriormente, Acosta indicó, a través de un comunicado de prensa, que “desde que se anunció este proyecto al país, hemos mantenido estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia, a fin de proveer los recursos necesarios para su financiamiento. Estos recursos provendrán del presupuesto de la República y serán incorporados mediante presupuesto extraordinario”.
Una inquietud más se sumó el miércoles anterior, cuando el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias Agüero, aseguró que no hay nada definido sobre la megacárcel.
En un oficio dirigido al diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), el jueves 15 de mayo, Arias aseguró que, a la fecha, “no se ha emitido una resolución administrativa definitiva sobre el proyecto mencionado, ni se ha formalizado contratación alguna”.
“Se continúa evaluando su factibilidad técnica, financiera, jurídica y operativa, así como sus impactos a mediano y largo plazo”, respondió el viceministro de Justicia al legislador.