Atención, inmigrantes en EEUU: gobierno de Trump insiste en enviar deportaciones a país en guerra civil
El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró este viernes que la reciente sentencia del juez federal Brian Murphy pondría en riesgo las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. El juez de Massachusetts prohibió a la administración de Donald Trump enviar aviones con inmigrantes deportados a Sudán del Sur, una medida que, Rubio, causa "un daño irreparable a la política exterior".
Murphy ordenó detener un vuelo con destino a Sudán del Sur, debido a que los inmigrantes detenidos no recibieron el tiempo necesario para impugnar su traslado a un tercer país, conforme a una orden previa emitida en abril.
Marco Rubio insiste en enviar inmigrantes deportados a Sudán del Sur
Según informó Fox News, Marco Rubio manifestó que la orden judicial genera un "daño significativo e irreparable" en la política exterior estadounidense. El secretario de Estado añadió que esta medida ya ha interferido con la diplomacia en naciones como Libia, Sudán del Sur y Yibuti, y representa una amenaza directa a la autoridad del Artículo II de la Constitución, que otorga al presidente la facultad para conducir la política exterior.
"Este Departamento de Justicia cree que esta situación requiere urgentemente una intervención judicial para restaurar la plena autoridad del Presidente Trump bajo el Artículo II para conducir la política exterior", aseguró un funcionario del gobierno de Trump. Además, recordaron que Yibuti, donde actualmente están detenidos temporalmente los inmigrantes deportados, es la única base militar estadounidense en África.
Juez bloquea deportaciones de inmigrantes a Sudán del Sur
La orden que bloquea las deportaciones fue emitida por el juez federal Brian Murphy, del distrito de Massachusetts. De acuerdo con el fallo, el gobierno debe mantener bajo custodia a los inmigrantes deportados para garantizar un posible retorno si el tribunal determina que las expulsiones fueron ilegales.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó documentos solicitando la reconsideración de la orden, calificándola de “altamente onerosa” y restrictiva. El gobierno indicó que las personas deportadas habían tenido acceso a un proceso legal completo antes de ser expulsadas y que algunos delincuentes no respetaron las disposiciones para impugnar su traslado a Sudán del Sur.