Florida: nueva ley firmada por Ron DeSantis protege del fraude notarial a este grupo vulnerable
La protección de los consumidores y la prevención del fraude notarial han recibido un impulso significativo en Florida con la reciente promulgación de la ley HB 915. Esta legislación, que cuenta con la aprobación del gobernador Ron DeSantis, busca abordar una problemática de larga data que ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades de hispanohablantes en el estado, especialmente a aquellos que buscan asistencia con trámites de inmigración. La medida reconoce y confronta una "brecha lingüística" que, según los promotores de la ley, ha sido explotada por individuos inescrupulosos.
El fundamento de esta nueva normativa radica en la diferencia de significado del término "notario público" entre diversas naciones de América Latina y Estados Unidos. Mientras que en muchos países latinoamericanos un notario público es un profesional del derecho con amplias credenciales, en el sistema legal estadounidense su autoridad se limita a la certificación de firmas y documentos. Esta disparidad ha creado un escenario propicio para el engaño, donde supuestos "notarios" ofrecen servicios legales de inmigración para los cuales no poseen la autorización ni la cualificación necesarias, dando lugar a casos de fraude notarial que ahora la HB 915 intenta erradicar.
¿Qué medidas establece la ley HB 915 firmada por DeSantis en Florida?
La ley HB 915 introduce una serie de prohibiciones y requisitos destinados a reforzar la protección de los consumidores y prevenir el fraude notarial en Florida:
- Prohibición de títulos engañosos: Veta a los notarios públicos el uso de designaciones como "notario", "notario público" o "consultor de inmigración", o cualquier otra expresión que sugiera pericia legal en derecho migratorio, a menos que posean la debida licencia para proporcionar tales servicios.
- Requisitos de divulgación: Impone la obligación de incluir advertencias visibles y en múltiples idiomas que dejen claro que el individuo no posee licencia para ofrecer servicios legales de inmigración.
- Recurso legal para las víctimas: Otorga a las personas que hayan sido engañadas la posibilidad de iniciar acciones civiles, que pueden incluir la solicitud de interdictos, la compensación por daños reales y el reembolso de los honorarios de los abogados.
- Fortalecimiento de la protección al consumidor: La ley se postula como una herramienta crucial para la protección de comunidades vulnerables frente a la publicidad engañosa y las prácticas no autorizadas.
- Alineación con la práctica legal sin licencia: La normativa se alinea con la postura establecida de la Corte Suprema de Florida en relación con la práctica legal sin licencia, que prioriza la salvaguarda del público de una representación legal incompetente o no autorizada.
¿Cuándo entrará en vigor la ley HB 915 tras ser firmada por DeSantis en Florida?
La ley HB 915, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el 1 de julio del presente año. Esta fecha marca el inicio de la aplicación de las nuevas disposiciones que buscan proteger a los hispanohablantes y otros individuos de las prácticas fraudulentas de notarios y consultores de inmigración.
La aprobación de esta legislación representa la culminación de años de intentos por parte de legisladores y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes para combatir este tipo de engaños. La normativa obtuvo un amplio respaldo bipartidista en la legislatura de Florida, reflejo de un consenso sobre la necesidad de proteger a las comunidades vulnerables.
Un paso importante en la protección de comunidades inmigrantes en Florida
La firma de la HB 915 por el gobernador Ron DeSantis simboliza un avance notable en la lucha contra el fraude notarial en Florida. La ley, que surge como respuesta a un problema arraigado que afecta particularmente a los hispanohablantes, establece medidas concretas para evitar engaños y ofrecer vías de reparación a las víctimas. Su contenido detalla claramente las prohibiciones sobre el uso de títulos engañosos y la obligatoriedad de divulgar la falta de licencia para servicios legales migratorios.
La capacidad de las víctimas para interponer acciones civiles añade una capa adicional de protección, permitiendo la búsqueda de compensación y la disuasión de futuras estafas. La promulgación de esta normativa se percibe como una herramienta esencial para la transparencia y la rendición de cuentas en un sector que históricamente ha sido susceptible a abusos.