Dimite del letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, investigado por acoso laboral, tras cuatro sentencias en contra
El letrado de más antigüedad en la Cámara, Edmundo Matía, asumirá provisionalmente las funciones del secretario general
Guerra entre altos funcionarios, acoso y cuatro condenas: crisis en las Cortes de Castilla y León, presididas por Vox
El secretario general-letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, que está investigado por acoso laboral y acumulaba ya cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia en su contra, ha presentado esta mañana su dimisión al presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán.
Según informan fuentes de las Cortes de Castilla y León, provisionalmente asumirá sus funciones el letrado de más antigüedad en la Cámara, Edmundo Matía, que está a sólo unas semanas de jubilarse, según informa Efe.
La portavoz del Grupo Socialista en el parlamento, Patricia Gómez Urbán, ha apuntado que esta dimisión “llega tarde” y considera que el último responsable es Pollán. “Hay que dirimir más tipos de responsabilidades”, ha exigido Gómez Urbán, que ha recordado que no se ejecutó una sentencia de 2024 y que el auto del TSJ señala que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fue modificada para eludir el cumplimeinto de la sentencia y que ha ordenado remitir los testimonios de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid —que investiga el supuesto acoso laboral del secretario general— para dilucidar “si se ha incurrido en responsabilidad penal”. “Carlos Pollán no supo contestarnos: si conocía la sentencia y por qué no se ejecutó la sentencia”, ha reprobado la socialista.
Esta dimisión se produce después de que se hiciera público un auto del TSJ que obligaba a la Mesa a reponer en su puesto a una funcionaria que ha denunciado acoso laboral. Marcos Herrero, que trabajó un mes como asesor del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acumula cuatro sentencias en contra de sus decisiones de personal porque la Justicia las considera arbitrarias. También está siendo investigado por otras convocatorias de plazas en lo Contencioso y como el presunto autor de un delito de acoso laboral y otro de prevaricación en lo Penal. El PSOE, Podemos y Francisco Igea pidieron hace meses su cese y Vox le solicitó este jueves al que 'recapacitara'.
Las sentencias y el último auto, a los que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJ reprocha la “permanente vulneración de la dignidad personal y profesional” de la funcionaria y que se haya modificado ad hoc la normativa de la Cámara “para impedir su desenvolvimiento profesional”.
La funcionaria fue cesada como jefa de Gestión Administrativa y el letrado mayor modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que ella no pudiera acceder y sí un funcionario ingeniero (de categoría inferior), algo para lo que además no era competente, según la Justicia.