Las tres familias de okupas que fueron desalojadas por orden judicial del centro de ocio en el que vivían desde hace años por peligro de derrumbe del edificio continúan viviendo a unos pocos metros, en la misma zona, en dos caravanas y una furgoneta con sus hijos. Son tres hermanos con sus parejas, con cinco niños, todos escolarizados, y otro que está en camino, y desde hace diez días se encuentran a la espera de que les ofrezcan una solución habitacional, mientras Junta y Ayuntamiento discuten sobre las competencias. Las tres familias dicen que no quieren dinero, ni un hostal durante diez días, como les ofrecido los servicios sociales municipales, porque eso es «pan para hoy y hambre para mañana» y recalcan que su único objetivo es conseguir una «vivienda social» en la que poder comenzar una nueva vida. Silvia Augusto, madre de tres menores de 4, 6 y 11 años, ha actuado de portavoz este viernes por la mañana ante los periodistas, tras la visita que han recibido de los concejales socialistas para mostrarles su apoyo y para denunciar la inacción del Ayuntamiento de Toledo que, incluso, «les ha cortado el agua». «Estamos dispuestos a pagar un alquiler social donde nos digan. Lo único que pedimos es una vivienda digna, sea donde sea, aunque sea en un pueblo, pero pedimos un techo donde poder meter a nuestros hijos», ha reclamado. Mientra tanto, piden al Ayuntamiento que les devuelva, al menos, el suministro de agua o les deje, al menos, los baños públicos que hay en el recinto para poder asearse, con el compromiso de limpiarlos. Ha descrito también su difícil situación económica: «Yo estoy en uno de media jornada, de cuatro horas al día. Lo que cobro no llega a 400 euros y con eso no me da para sobrevivir todo el mes con tres menores» y se ha quejado de que no están recibiendo apoyo de nadie, de ninguna institución, tan solo de Sagrario y Gerardo, un matrimonio que les está ayudando de forma desinteresada y «nos traen agua, leche, embutidos... son tan buenos que nuestros niños les llaman abuelos». Desde el Ayuntamiento, recalcan que se les ha ofrecido una ayuda de emergencia y alojarse en un hostal durante diez días, pero que ha sido rechazada por las familias porque quieren una solución más duradera, una solución que corresponde a la Junta de Comunidades «como competente en Servicios Sociales», según fuentes municipales.
