El PSOE de Toledo ha visitado este viernes a las tres familias toledanas, con cinco menores escolarizados a su cargo, que fueron desalojadas de las instalaciones que ocupaban en el recinto de La Peraleda para mostrarles su apoyo y exigir al Ayuntamiento de Toledo que asuma su responsabilidad como administración más cercana. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha insinuando «posibles intereses urbanísticos en la zona», como la instalación de una discoteca, y ha sugerido que «algún amigo del alcalde» podría estar detrás de esta celeridad. Además, ha cuestionado por qué se ha producido la intervención: «Nos cuesta creer que un juzgado haya intervenido de oficio sin que nadie lo solicitara. ¿Ha sido el Ayuntamiento quien lo ha pedido? ¿Por qué tanta prisa en proceder al derribo?», ha planteado. Por otro lado, acompañada de la concejala y viceportavoz del PSOE, Ana Belén Abellán, ha pedido ayuda para estas tres familias y ha exigido al equipo de gobierno que de la cara ante esta situación de emergencia y «no eche balones fuera» culpando a otras administraciones ya que «los servicios sociales municipales son la primera puerta a la que deben acudir estas familias y el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad». «Esta no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad y de compromiso con quienes más lo necesitan», ha concluido Noelia de la Cruz, reiterando que el grupo municipal exigirá transparencia y soluciones reales para estas familias toledanas. Por su parte, Ana Belén Abellán ha criticado también la actuación del gobierno municipal y ha exigido explicaciones sobre la intervención judicial, el corte del suministro de agua y la falta de alternativas ofrecidas a las familias afectadas. «Diez días después, esas familias siguen sin solución ni acompañamiento por parte de los servicios sociales municipales, que son los más cercanos y quienes deberían haber intervenido de inmediato», ha dicho. El viceportavoz ha recalcado que no solo no se ha ofrecido una respuesta efectiva, sino que se ha cortado el suministro de agua a las familias, un derecho básico e irrenunciable, especialmente grave al tratarse de menores escolarizados. «La concejala de Asuntos Sociales del gobierno de Velázquez llegó a decir que 'ella no sabía nada', pero la realidad es que hoy estas familias están sin agua, y eso incumple la ley y la dignidad», ha lamentado. Ana Belén Abellán se pregunta quién dio la orden para ese corte de suministro de agua a estas familias: «¿Fue el alcalde a través de su concejala? ¿La concejala directamente? Porque Tagus, la concesionaria del servicio, no actúa sin orden expresa. ¿Quién ha decidido dejar a estos menores sin acceso a un bien básico como el agua?», y ha propuesto medidas urgentes como la apertura de los aseos públicos cercanos, a escasos metros de donde se encuentran estas familias, para permitir al menos la higiene mínima de los menores, y que les vuelvan a dotar de suministro de agua.
