Choque, otro más, entre el Ministerio de Transportes que encabeza el vallisoletano Óscar Puente y la Junta de Castilla y León. Esta vez, a cuenta de las ayudas del Gobierno central para financiar las bonificaciones previstas para los viajeros en el segundo semestre del año. Según denunció Puente, es la «única» comunidad que no las ha solicitado, y ya ha acabado el plazo. Lo hizo vía X a la hora en la que el consejero de Movilidad estaba reunido con Renfe para abordar la supresión de paradas del tren de alta velocidad en Castilla y León. «Andan soliviantados» con esas eliminación de frecuencias, recriminaba el ministro para espetar después que el Ejecutivo castellano y leonés no haya pedido sus ayudas. Y no lo ha hecho, justificó poco después el consejero del ramo, José Luis Sanz Merino, porque «no están alineadas» con «el planteamiento» que tiene la Junta en materia de transporte público de viajeros y que pasa por la «gratuidad» de este servicio mientras que el Ministerio «habla de bonificaciones del 50 o 75 por ciento o gratuidad para menores». La Junta, subrayó, «va «mucho más allá» en su plan en este sentido y prestará el servicio sin cobrar a los usuarios que estén empadronados. «Lo que contribuye a fijar población», señaló. Sanz Merino, quien consideró «bastante exiguas» las ayudas del Gobierno central además de cuestionar las «dificultades técnicas» del decreto ley que las ampara, defendió que los viajeros «no van a tener ninguna diferencia» en la Comunidad por no haberlas pedido.
