Licencias médicas fraudulentas: tamaño del Estado y la búsqueda de sanciones contra los funcionarios se toman el debate

El mal uso de licencias médicas que reportó la Contraloría General de la República, con 25 mil 78 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional, que habrían aprovechado su periodo de reposo entre 2023 y 2024 para salir del país, dio pie a medidas a nivel gubernamental, anuncios de acciones en sede judicial, pero también se tomó la arena electoral y reflotó el debate por el tamaño del Estado.

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aprovechó el cuestionamiento emitido el pasado martes por parte del Presidente Gabriel Boric en contra de su intención de aplicar una “tijera de podar” al Estado, para reprocharle hoy el caso y anunciar que, además, sumará a sus herramientas una “lupa” para buscar a todos los funcionarios cuestionados y prohibirles ejercer en el sector público.

“Los vamos a pillar uno por uno, vamos a hacer todos los cruces que sea necesario hacer. Les vamos a prohibir de por vida que vuelvan al sector público. Les vamos a hacer que devuelvan la plata y además nos vamos a querellar“, advirtió.

¡10 Teletones! Eso nos costaron los frescos que vacacionaron con licencia médica. Mientras Chile enfrenta urgencias reales, ellos se burlan del país y del Estado. Vamos a terminar con estos abusos.

Vamos a cruzar datos, recuperar la plata y sacarlos para siempre del aparato… pic.twitter.com/aOhd2QHHSz

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 22, 2025

En una pauta realizada en la comuna de Maipú junto a usuarias afectadas pertenecientes a los servicios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), entidad que registró más detecciones por mal uso de licencias médicas, la abanderada de Chile Vamos presentó, además, una batería de propuestas que incluye: el cruce de datos de días de licencia y los nombres de los médicos que las hayan recetado, sanciones establecidas por Contraloría y para ejercer labores de por vida en el ámbito público, y el deber de regresar el dinero.

Mientras que un grupo de diputados de su partido, la UDI, encabezados por su presidente Guillermo Ramírez llegaron hasta el Palacio de La Moneda para, por medio de una carta, exigir que el Mandatario pida el cargo a todos los funcionarios implicados y cuestionar la creación de un Comité Nacional de Ausentismo.

En la actividad, el timonel gremialista sostuvo que “es evidente que si hay 25 mil personas que en un año pudieron salir sin que el Estado dejara de funcionar, que con la cantidad de reemplazos equivalente a 300 millones de dólares el Estado siguió funcionando exactamente igual (…) hay demasiadas razones por las cuales es necesario achicar el Estado“.

En tanto, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, indicó que “parece que el Presidente Boric no quiere entender que los recursos públicos se cuidan y se utilizan de forma adecuada para resolver problemas públicos. Lo que parece defender el Presidente es totalmente lo contrario. Son a los apitutados, los apernados, los más de 25 mil supuestos servidores públicos que se van de vacaciones pagadas con cargo a licencias médicas que son recursos de la salud de Chile. Necesitamos urgentemente, como dijo Evelyn Matthei, podar el Estado”.

Por otro lado, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró que desde los gremios como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Colegio de Profesores se condenara el mal uso de licencias médicas en una acción que calificó como un “abuso” y, adelantó, que en su eventual gobierno impulsará una auditoría a todo el aparato estatal.

“Lo primero que queremos plantear es una auditoría total. Hace unas semanas atrás hablamos de las auditorías a todos los aparatos públicos y de gobierno, y dentro de esas auditorías también estaba el tema de licencias y programas que hoy día se mal ejecutan o que tienen informe negativo de la Dipres. Nosotros lo que planteamos es una auditoría que comienza en el año 2018″, propuso.

Fiscal Valencia decide abrir indagatoria

Conocido el caso, desde Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) se instruyó a todos los servicios públicos iniciar sumarios dentro de un plazo de 72 horas en busca de sanciones y el reintegro de los montos defraudados. Junto con ello, se mandató la conformación de un Comité Nacional de Ausentismo a más tardar el 30 de mayo, con actores de los ministerio de Hacienda, Trabajo, Dipres, el Servicio Civil y la Mesa del Sector Público, quienes se dedicarán a observar la evolución del uso de licencias.

Sin embargo, fue el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien advirtió en Radio Sonar que los hechos se reconocen como ilegales no solo en “el sentido administrativo, sino que eventualmente ilegal en términos penales, es decir, se pueden estar cometiendo delitos”.

De hecho, esta mañana el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió abrir de oficio una investigación penal en contra de todos quienes realizaron uso fraudulento de permisos médicos en el Estado.

En paralelo, parlamentarios realizaron el ingreso de una serie de acciones judiciales. La diputada de la bancada ind-PPD, Camila Musante ingresó al Ministerio Publico una denuncia por cuatro eventuales delitos: fraude al fisco, fraude a subvenciones, malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento público.

“Queremos que se devuelva la plata por parte de estos funcionarios públicos. Creemos que todo abuso de poder que venga del mundo público hoy día tiene que tener la sanción más dura y más alta, incluso una desvinculación”, subrayó.

Misma acción realizada por diputados de la bancada de Renovación Nacional, con una denuncia por el delito de fraude de subvenciones, y además requiriendo a la Contraloría los antecedentes completos del informe que dio origen a la denuncia; solicitando a Fonasa y a las Isapres el detalle de las licencias médicas pagadas y la nómina de los médicos que las emitieron, y pidiendo tomar declaración a directivos de la JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, entre otras.

Además, en el Congreso Nacional precisamente se informó que la Comisión de Salud del Senado confirmó que la contralora, Dorothy Pérez, y la ministra de la Salud, Ximena Aguilera, asistirán a la instancia a petición de su presidente, el senador Iván Flores, para dar cuenta de este caso ante el Parlamento.