Las aerolíneas no cobrarán al menos hasta julio 319 millones de euros de atrasos de 2024 de las subvenciones a residentes
El contencioso que mantienen las aerolíneas con el Gobierno a cuenta de los descuentos de los que se benefician los residentes en las islas, Ceuta y Melilla cuando vuelan a España está en fase de resolución en lo que al ejercicio 2024 respecta. PSOE y Coalición Canaria pactaron incluir una enmienda en el proyecto de Ley que reforma la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea que recoge una partida de 319 millones para liquidar la deuda que el Estado tiene contraída con las aerolíneas por el adelanto del pago de esas subvenciones relativo al ejercicio pasado. Y desde el sector calculan que la ley puede entrar en vigor en julio y que puedan entonces recibir el dinero que se les debe, según explican fuentes de las aerolíneas.
Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen reconocida una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una subvención reconocida y dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos y que adelantan las aerolíneas. El problema, según denunció la patronal de las compañías áreas (ALA) meses atrás, es que al haberse prorrogado los presupuestos en los últimos años, la cantidad prevista para esta partida no alcanza el gasto total que comportan. Según sus cálculos, el Estado les adeuda 425 millones de euros correspondientes al pasado ejercicio, si bien Transportes rebajó esa cantidad hasta los 300 millones de euros, muy cerca de lo reconocido en este pago extraordinario.
Los pagos pendientes son fuente de enorme preocupación entre las líneas aéreas debido a que, según aseguran, están comprometiendo su sostenibilidad financiera. Hasta el punto de que llegaron a advertir de que, si la situación no se resolvía, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo.
Tras la denuncia pública de las compañías, el Gobierno anunció que tomaría medidas que se sustanciaron en la partida incluida en la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea.