El asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington ha servido al Gobierno de Benjamin Netanyahu para volver a denunciar la presunta implicación de gobiernos occidentales, en particular europeos, en el aumento del «antisemitismo en el mundo» por su oposición al comportamiento de Tel Aviv en la guerra en Gaza. Con conocimiento de causa, el veterano dirigente conservador israelí confunde -quizá a propósito- el concepto de antisemitismo con cualquier oposición que venga del extranjero a sus políticas relacionadas con el pueblo palestino. Probablemente la mitad del electorado israelí rechaza también el modo que tiene Netanyahu de combatir a Hamás -ahora controlando el acceso a la ayuda humanitaria de los gazatíes-, pero esa contestación interna no constituye, lógicamente, antisemitismo para el gobierno. El antisemitismo -la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra el pueblo judío– es un delito internacional, y además está condenado expresamente por la Iglesia católica desde 1937. El Concilio Vaticano II consagró en los años 60 esa doctrina, y desde entonces las relaciones entre cristianos y judíos han dado un salto de gigante. Un concepto distinto es el de 'antisionismo', que está abierto a la libre discusión. Y no solo entre los pueblos árabes, que se encontraron en 1948 con un nuevo ente nacional en un espacio reducido, sino también entre algunas corrientes del propio judaísmo. De hecho, hay comunidades judías en la diáspora que se declaran «antisionistas», es decir, críticas por razones religiosas a la existencia de un Estado hebreo en el antiguo territorio israelita del Levante mediterráneo, la Sión biblica donde se levantó Jerusalén. Jurídicamente, el sionismo tiene su fundamento en la resolución de Naciones Unidas de noviembre de 1947 que aprobó la creación de Estado de Israel, pero su territorio actual es el resultado de las guerras que viene librando desde entonces con sus vecinos árabes.
