Este estado de EEUU frena iniciativa para rastrear estatus migratorio de estudiantes y desata enfrentamiento político
La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó por unanimidad la Resolución Conjunta del Senado 22, bloqueando una propuesta del superintendente estatal de Educación, Ryan Walters, que pretendía exigir a las escuelas públicas recopilar el estatus migratorio de los estudiantes y sus familias durante el proceso de inscripción. La medida también incluía un requisito para que los maestros pasaran el examen de naturalización de Estados Unidos para obtener o renovar sus certificaciones.
La iniciativa de Walters generó un intenso debate político y social en el estado, con críticas de legisladores de ambos partidos y del gobernador Kevin Stitt, quien acusó al superintendente de utilizar a los niños como "peones políticos". La resolución ahora espera la firma del gobernador para su implementación final.
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Rechazo legislativo a la propuesta de rastreo migratorio en escuelas
La propuesta de Walters buscaba que las escuelas públicas de Oklahoma recopilaran información sobre el estatus migratorio de los estudiantes y sus padres durante la inscripción escolar. Además, pretendía que los maestros aprobaran el examen de naturalización estadounidense como requisito para su certificación. Estas medidas fueron ampliamente criticadas por considerarse innecesarias y potencialmente discriminatorias.
La Cámara de Representantes votó 90-0 a favor de la Resolución Conjunta del Senado 22, que rechaza formalmente estas propuestas. Intentos anteriores de revivir la iniciativa de Walters fueron derrotados en comités y en el pleno de la Cámara. Legisladores de ambos partidos expresaron su preocupación por el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la asistencia escolar y en la confianza de las comunidades inmigrantes hacia el sistema educativo.
Postura del gobernador y tensiones políticas internas en Oklahoma
El gobernador Kevin Stitt ha manifestado su oposición a la propuesta de Walters, argumentando que recopilar información migratoria de niños pequeños no es una cuestión de seguridad pública y podría disuadir a las familias de enviar a sus hijos a la escuela. Stitt ha acusado a Walters de utilizar a los niños como "peones políticos" en su agenda personal. Esta postura ha generado tensiones dentro del Partido Republicano en Oklahoma, evidenciando divisiones sobre cómo abordar las políticas migratorias a nivel estatal.
Walters, por su parte, ha defendido su propuesta como una forma de garantizar que los recursos educativos se asignen adecuadamente y ha criticado a los legisladores y al gobernador por lo que considera una falta de transparencia en el uso de fondos públicos destinados a estudiantes sin estatus migratorio legal. La controversia ha aumentado las especulaciones sobre las ambiciones políticas de Walters, quien es visto como un posible candidato a gobernador en futuras elecciones.
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Reacciones de la comunidad educativa y organizaciones civiles en Estados Unidos
La propuesta de Walters ha sido ampliamente rechazada por educadores, defensores de los derechos civiles y organizaciones comunitarias. Argumentan que exigir información migratoria en las escuelas podría crear un ambiente de miedo e intimidación, afectando negativamente la asistencia y el rendimiento académico de los estudiantes inmigrantes. Además, señalan que la propuesta podría violar el fallo de la Corte Suprema de 1982 que garantiza el derecho a la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han elogiado la decisión de la legislatura de rechazar la propuesta, considerándola una victoria para los derechos de los estudiantes y las familias inmigrantes en Oklahoma. La comunidad educativa espera que esta decisión siente un precedente para evitar futuras iniciativas que puedan poner en riesgo el acceso equitativo a la educación en el estado.