El Gobierno delega la Paritaria Nacional Docente en las provincias pero retiene el veto
Javier Milei emitió hoy un decreto por el que oficializa su retirada de la negociación de la Paritaria Nacional docente -que seguirá en el marco del Consejo Federal de Educación- y, por otro lado, se reserva el derecho de vetar cualquier acuerdo entre las partes cuando la propuesta afecte "cuestiones presupuestarias".
La novedad fue rechazada por los sectores sindicales quienes señalaron que el Gobierno, "aun reconociendo que debe invertir y pagar parte de los salarios, se niega a sentarse a la mesa de negociación". Sin embargo, conocedores de la visión de la administración libertaria sostienen que, en realidad, lo que se hizo fue blanquear una situación preexistente.
La modificación a la ley 26.075 fue publicada a través del decreto 341 y lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Se trata de un decreto con un sólo artículo de fondo, en el que se afirma que el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá "pautas generales" sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se arroga la capacidad de refrendar el Convenio que se discuta o requerir que se realice una nueva propuesta "cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente".
Desde la visión del Gobierno, lo que se realizó fue la explicitación de lo que ya venía pasando y consideran que, en realidad, la Nación no se retira, tal como dicen los gremios, ya que mantiene atribuciones como la definición de salarios mínimos. Además, no se modificaron los artículos que aseguran que el Estado Nacional sostendrá esos ingresos básicos.
Cerca del Palacio Sarmiento sostienen que se desburocratiza la discusión y pone a negociar a los verdaderos actores: los sindicatos y las provincias. Cuando se alcance un acuerdo, la Secretaría sólo revisaría las condiciones y que el llamado "salario mínimo" -ese que puede llegar a comprometer el esfuerzo de la Nación- no afecte las metas económicas.
Para los sindicatos, las experiencias más recientes de paritarias de otros sectores hacen temer que la Nación imponga techos rígidos a lo que puedan conseguir los docentes en las Provincias.
En los considerandos del decreto publicado hoy, se recuerda que la Ley establece que "los gobiernos provinciales y de la Ciudad" son los responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo, pero que "en el marco de las políticas de desregulación" y "con el objetivo de optimizar la eficiencia del gasto público, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva".
La novedad fue comunicada por el Ministerio que conduce Pettovello como una decisión tomada por "un gobierno que respeta la Libertad y el Federalismo".
"Las modificaciones dispuestas en este decreto no solo no afectan el normal desenvolvimiento del sistema educativo, sino que continúan garantizando el derecho a una educación de calidad, como establece la Constitución Nacional", señalaron desde la cartera.
La Confederación General del Trabajo emitió, por su parte, un comunicado en el que denuncia el accionar de la Administración libertaria y afirmaron que "e Gobierno cae en una abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico".
%u26A0%uFE0F OTRO ATAQUE A LAS Y LOS TRABAJADORES: EL GOBIERNO QUIERE LIMITAR EL DERECHO DE HUELGA.La democracia, la libertad sindical y la dignidad jamás serán nuevamente vulneradas.%u2139%uFE0F Comunicado completo %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFD %uD83D%uDDA5%uFE0F https://t.co/YWcPd3Z5A1... pic.twitter.com/qLEm075fCp
— CTERA (@cteracta) May 21, 2025"Esta decisión confirma la voluntad política el Gobierno de cerrar la educación como un tema de atención del Estado nacional", y advierten que "abre paso a un modelo en el que la ‘mano invisible del mercado' defina el funcionamiento del Sistema Educativo según las posibilidades de cada provincia", concluye el comunicado que lleva la firma de AMET, UDA, SADOP y CEA.
El decreto sale publicado junto a otro que limita el derecho a huelga y amplia las actividades consideradas esenciales, las que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.
En ese sentido, quienes conocen las entrañas del Gobierno nacional afirman que, probablemente, los docentes hayan quedado impactados por ambos decretos, pero en especial aquel que ubica a la educación como un servicio esencial. Ese decreto será cuestionado en la Justicia, aclararon los gremios.