La Comisión Europea ha aprobado un paquete de reformas legislativas para reducir la burocracia en la actividad económica con el que asegura que el sector privado se ahorrará 400 millones de euros , un recorte que se suma a los 8.000 millones en gasto burocrático que el Ejecutivo europeo estima haber recortado con otras simplificaciones acometidas recientemente . En el conjunto de iniciativas presentadas hoy, destaca la decisión de crear una nueva categoría de pequeñas empresas de mediana capitalización (PYME) que estarán exentas de ocho leyes europeas actualmente en vigor. Según esta reforma, las empresas con hasta 750 empleados y una facturación de 150 millones o un total de activos de menos de 130 millones se considerarán PYME y estarán exentas de normas como el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros y el Reglamento sobre Baterías. Actualmente, el límite para entrar en esta categoría está en empresas de menos de 250 empleados. La ampliación a 750 empleados pretende ayudar a las firmas en crecimiento a evitar la brutalidad de tener que cumplir repentinamente con la estricta y costosa normativa europea . El comisario de Comercio, Stéphane Séjourné, ha asegurado que este conjunto de reformas, conocido como el cuarto «paquete omnibus», afectará a cerca de 40.000 empresas que no suelen estar presentes en las grandes capitales, pero que ya son actores económicos regionales y que podrían convertirse en grandes compañías. Según Séjourné, esta decisión puede servir para «crear las condiciones para el nuevo tejido industrial del futuro». Las ocho leyes que se modificarán mediante enmiendas específicas para adaptarlas a esta nueva categoría de empresas son: el Reglamento General de Protección de Datos; el Reglamento sobre la Protección contra las Importaciones Objeto de Dumping; el Reglamento sobre la Protección contra las Importaciones Subvencionadas; la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros; el Reglamento sobre el Folleto; el Reglamento sobre Pilas; la Directiva sobre la Resiliencia de las Entidades Críticas; y el Reglamento sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
