Es la primera vez que una denunciante de torturas de la policía franquista declara ante la Fiscalía de Memoria Democrática . Lo ha hecho este lunes la activista independentista Blanca Serra , de 81 años, después de que el Ministerio público admitiese su querella por malos tratos físicos y psicológicos en dependencias de la Brigada Político-Social en Barcelona, durante su detención en febrero de 1977, y también en la Dirección General de Seguridad de Madrid, en marzo de 1982, es decir, ya durante la Transición. Uno de los objetivos de Serra, ha apuntado antes de declarar, es visibilizar «la persecución de género que hubo». Preguntada sobre el eventual traslado de la comisaría de Vía Layetana , que fue sede de la Brigada, ha tildado de «intolerable» que «torturados y torturadores» puedan compartir un mismo espacio. Una manifestación que responde al anuncio de la Consejería de Justicia de la Generalitat de hacer «compatible», en palabras de su titular, Ramon Espadaler, sendos uso: el policial, y el de convertirse en un espacio de memoria , por las torturas que allí sufrían los detenidos durante la dictadura. En su queja, que Serra también interpuso en nombre de su hermana Eva, ya fallecida, relata cuatro episodios de malos tratos . El primero, previo a las primeras elecciones tras la dictadura franquista. El último, ya en democracia, por portar una pancarta que rezaba: «Independencia». «La denuncia, lo he sabido ahora, fue por ultraje a la unidad de la nación española», explicó ella misma durante una rueda de prensa, en la que contó con el apoyo de la entidad Irídia y de Òmnium Cultural. Formalizó así la primera denuncia por delitos de lesa humanidad en Barcelona ante la Fiscalía de Memoria Democrática , organismo que a nivel estatal dirige la fiscal Dolores Delgado. Su intención, apuntó entonces, no era sólo un «acto de justicia personal» sino a un gesto de memoria colectiva . Este lunes, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, Serra ha indicado que su intención es que no se olvide «lo que pasó», aunque duda de que su denuncia tenga recorrido. La Fiscalía abrió diligencias de investigación al justificar es una obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de «realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos» y que se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva por el artículo 10.2 de la Constitución.
