Abogado Francisco Cox y AC contra Durán: “Tiene el fin meramente político de asestarle un golpe al gobierno”

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas resolverá este martes el futuro de la acusación constitucional impulsada por un sector mayoritario de la oposición en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a raíz de los hechos acaecidos en el Estadio Monumental en el marco del encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza.

Con el libelo, parlamentarios de Chile Vamos, republicanos, socialcristianos y libertarios buscan responsabilizar constitucionalmente a Durán por no cumplir con obligaciones de resguardo público. Aspecto central que, para el abogado defensor, Francisco Cox, muestra que la acusación no cuenta con “ningún sustento ni jurídico ni fáctico” producto de las modificaciones que se establecieron a partir de la promulgación del Ministerio de Seguridad.

Cox explicó que, a diferencia de las acusaciones contra ministros de Estado, los libelos solo pueden ser acogidos si es que existe una transgresión a la Carta Magna o a determinados delitos.

“Y lo que la acusación dice, es que hay causal de supuesta infracción a la Constitución, pero para invocarla hacen referencia al artículo 24 que establece que es función del Presidente de la República velar por el orden público. Después, hacen un reenvío al 115 bis que es donde están las atribuciones del delegado presidencial y lo que se dice ahí es que es el representante natural. Entonces, dicen ‘ah, como es el representante natural, entonces está a cargo de velar por el orden público'”, detalló.

“En primer lugar, nos parece que mueran dos personas, lamentablemente, producto de un atropello por parte de Carabineros, difícilmente puede enmarcarse dentro del concepto de orden público“, señaló.

Pero, aseguró que “más grave aún es que ellos invocan, para decir que el delegado presidencial sí tiene funciones de orden público, una norma derogada, que se le quita la facultad de velar por el orden público al delegado presidencial con la dictación de la creación del Ministerio de Seguridad. Entonces, no tiene base constitucional”.

“Desde el punto de vista de los hechos, lo cierto es que cada una de las instituciones que participaron de la autorización y supervisión del partido, cumplieron sus funciones. Estos hechos ocurren fuera del estadio. Por lo tanto, quienes están a cargo del orden público operativamente en esa situación es Carabineros. Y Carabineros cumplió con su función, monitorearon la situación, establecieron anillos de seguridad y dispusieron personal suficiente para hacer frente a este tipo de partido”, añadió.

Consultado si la acción responde a un “aprovechamiento político”, el abogado defensor sostuvo que: “Yo he estado en dos acusaciones anteriores, y uno las ve y hay bastante argumentación y sustento fáctico para las causales que se invocan. Aquí no se hace nada de eso, por eso nosotros decimos que esto es un arrebato precipitado y con fines meramente políticos de asestarle un golpe al gobierno y, claramente, las acusaciones constitucionales no son para eso”.

“La acusación constitucional es una herramienta de último ratio, ¿Y por qué es de último ratio? Porque efectivamente las sanciones que se le aplican a la persona que incurre en una infracción o en un ilícito constitucional son de tal magnitud que, por ejemplo, se le saca de la vida política por cinco años y no puede ser funcionario público ni de cargos electos ni no electos. Por lo tanto, esa sanción tiene que iluminar la forma en la cual se interpreta”, instó.

Por último, Cox indicó que “es evidente que no puede acogerse esta acusación constitucional si es que la honorable Cámara de Diputados se somete a la Constitución. Y yo sigo creyendo que no obstante ser la cámara política, ellos sí están sometidos a la Constitución de acuerdo a lo que dispone el artículo sexto y séptimo. Por ello, si actúan conforme a la Constitución, no podrían acoger esta acusación constitucional y más bien debiesen rechazarla”.