Inmigrantes en EE. UU. podrían tener un nuevo camino hacia la residencia tras fallo migratorio
Una reciente decisión judicial de inmigración en EE. UU. podría tener consecuencias inesperadas para miles de personas que atraviesan procesos migratorios complejos. Aunque el fallo en cuestión no crea nuevos derechos, algunos abogados lo interpretan como una oportunidad legal para solicitar la residencia, especialmente para quienes fueron liberados bajo ciertas condiciones migratorias tras ingresar sin papeles al país.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) dictó sentencia el 15 de mayo de 2025 sobre un caso que involucraba a una ciudadana china arrestada tras cruzar la frontera sin autorización en 2022. A pesar de que la decisión reafirma la detención obligatoria de ciertos inmigrantes, el lenguaje legal del fallo genera nuevos argumentos de defensa, en especial para quienes fueron liberados con el formulario 1-220A, un documento clave en procesos migratorios bajo libertad condicional.
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¿Cuál es el nuevo camino que podrían tener los inmigrantes hacia la residencia en EE. UU.?
El centro de esta controversia judicial es la interpretación de dos artículos de la Ley de Inmigración de EE. UU. (INA): el 235(b), que regula la detención obligatoria de quienes cruzan sin inspección, y el 236(a), que permite a ciertos no ciudadanos solicitar una audiencia de fianza. En este caso, la defensa alegaba que la mujer, liberada bajo parole, debía ser tratada bajo el artículo 236(a). Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Junta concluyeron que su detención seguía rigiéndose por el artículo 235(b).
Este detalle es clave porque determina si una persona puede o no solicitar libertad bajo fianza durante su proceso migratorio. No obstante, al dejar claro que los migrantes liberados bajo ciertas condiciones no fueron formalmente admitidos al país, se abre una nueva línea de defensa legal. Algunos especialistas consideran que esta interpretación puede reforzar peticiones de ajuste de estatus migratorio y otros beneficios que requieren demostrar que el ingreso al país fue bajo parole, aunque no se haya producido una admisión oficial.
La abogada de inmigración Rosaly Chaviano, con sede en Miami, explicó a Telemundo que “la decisión de la Junta nos abre una puerta en corte para decirle a un juez: ‘mi cliente debió haber recibido un parole y, por lo tanto, califica para la residencia’”.
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Importancia del formulario 1-220A para inmigrantes en EE. UU.
El documento que ha cobrado relevancia a raíz del fallo es el formulario 1-220A, utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para liberar a ciertos inmigrantes bajo condiciones específicas. Aunque este formulario no equivale legalmente a un “parole” en sentido estricto, en la práctica se usa en situaciones donde el gobierno permite la permanencia temporal de la persona mientras continúa su proceso migratorio.
En el caso resuelto por la BIA, la mujer fue liberada bajo este esquema tras ser arrestada por ingresar sin pasar por un puerto oficial. Fue citada a presentarse regularmente ante inmigración, pero meses después, cuando Interpol emitió una notificación roja por presuntos delitos cometidos en España, fue nuevamente arrestada.
La sentencia de mayo de 2025 no cambia el estatus legal de quienes poseen un 1-220A, pero reafirma su clasificación como "arriving aliens", una categoría legal que puede excluirlos de ciertas restricciones aplicables a otros migrantes. Esto ha sido interpretado por defensores legales como una vía para presentar solicitudes que antes habrían sido descartadas, incluyendo peticiones de residencia basadas en parole humanitario o por vínculos familiares.
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Requisitos para que inmigrantes obtengan la residencia en EE. UU.
Aunque este fallo no otorga residencia automáticamente, sí permite a abogados argumentar con más fuerza la elegibilidad de ciertos migrantes para ajustar su estatus. Para acceder a la residencia legal permanente en EE. UU. bajo este enfoque, se deben cumplir varios criterios, entre ellos:
- Haber ingresado sin inspección y haber sido liberado bajo el formulario 1-220A.
- No haber sido formalmente admitido en el país, según la interpretación reafirmada por la BIA.
- Estar en proceso migratorio activo (remoción, apelación u otro).
- Demostrar elegibilidad por otras vías, como tener familiares ciudadanos o residentes permanentes, o haber recibido un parole humanitario por razones médicas o humanitarias urgentes.
Además, es fundamental que el migrante no tenga antecedentes criminales graves y que no haya violado los términos de su libertad condicional migratoria. El cumplimiento de estas condiciones puede permitir que un juez de inmigración, a solicitud del abogado defensor, reconsidere su situación bajo las disposiciones del ajuste de estatus migratorio.
Según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), más de 350.000 personas se encuentran en procesos de remoción abiertos en 2025. Muchos de ellos fueron liberados bajo condiciones similares, lo que indica que el impacto potencial de esta decisión judicial podría alcanzar a decenas de miles de casos si los jueces aceptan estos nuevos argumentos como válidos.