Presupuesto educativo 2026 (spoiler alert!)
En los próximos meses, el Ministerio de Hacienda anunciará el presupuesto 2026 para las instituciones del Gobierno Central. Cuando el ministro Acosta presente a los diputados el proyecto de ley, posiblemente dirá que, para el Ministerio de Educación Pública (MEP), los recursos crecen un 0,57% respecto a 2025, o incluso que aumentan un 1,8% si se omiten las partidas adicionales aprobadas por ellos para el presupuesto 2025, tomadas de la partida de intereses, pero que en la práctica, han sido congeladas por Hacienda.
Ninguna de esas versiones resiste un análisis riguroso. Según el oficio MH-DM-OF-0467-2025, el gasto total comunicado por Hacienda al MEP para elaborar su anteproyecto de presupuesto 2026 es de ¢2.627.692 millones. Eso representa apenas ¢14.995 millones más que el presupuesto aprobado por la Asamblea para 2025 (un aumento nominal del 0,57%). Pero con una inflación proyectada por el Banco Central de Costa Rica del 2,1%, el “aumento” nominal se convierte en una reducción real del -1,53%. Es decir, como ha ocurrido cada año desde 2018, al MEP le tocará hacer lo mismo con cada vez menos recursos.
Y como ha sido la norma, serán los programas de equidad –como becas, comedores escolares, transporte estudiantil–, el mantenimiento de centros educativos gestionado por las Juntas de Educación y la infraestructura los que probablemente sufran los mayores recortes.
Además, en proporción al producto interno bruto (PIB), la caída continuaría. En 2022, el presupuesto del MEP fue del 5,7% del PIB; descendió hasta 4,98% para 2025. Y para 2026, con las cifras contenidas en el oficio de Hacienda, se proyecta en apenas 4,67%. Eso equivale a retroceder 25 años en inversión educativa: no veíamos un nivel tan bajo desde el año 2000.
La reducción sostenida del presupuesto educativo no es un accidente técnico; es una señal política de prioridades. Mientras el país acumula brechas en aprendizajes, infraestructura, atención a la primera infancia, formación docente y programas de equidad, las decisiones fiscales continúan recortando el espacio para mejorar. Sin una apuesta seria y sostenida por la educación pública, lo que está en juego no es solo una cifra presupuestaria: es el destino mismo del desarrollo costarricense.
Andrés Fernández Arauz es economista.