¿Transporte público o castigo público?
El reciente cierre de la Terminal 7-10, en el centro San José, que durante una década funcionó como punto de conexión clave entre la capital y rutas hacia Jacó, Monteverde, la Fortuna y otros destinos estratégicos locales y centroamericanos, deja al descubierto las profundas falencias del sistema de transporte público nacional.
No es un incidente aislado, sino el síntoma de un problema estructural: la ausencia crónica del Estado en la planificación y regulación de un servicio que debería ser un derecho fundamental y prioridad en la agenda de los sectores público y privado.
Un sistema desintegrado y caótico
Por diez años, la Terminal 7-10 representó un raro ejemplo de orden en el desconcierto y desorden que caracteriza el transporte público costarricense. Aunque era una iniciativa privada, logró lo que las instituciones públicas no han podido: concentrar múltiples rutas y empresas autobuseras en un solo espacio, ofreciendo mayor seguridad, comodidad y eficiencia a los usuarios. Su cierre, motivado en cambios de giro de negocio del propietario del inmueble, nos devuelve al modelo habitual: paradas dispersas, vías colapsadas y usuarios expuestos a la intemperie y la inseguridad.
Este retroceso evidencia al menos tres problemas fundamentales. Primero, la descoordinación institucional, siendo que tanto el Consejo de Transporte Público como las municipalidades han sido incapaces de crear o propiciar una red integrada de transporte colectivo con las empresas operadoras.
Segundo, el abandono de los usuarios; miles de personas trabajadoras y turistas deben sufrir diariamente por un sistema no equitativo y deficiente, que propicia mayores costos por las largas horas de desplazamiento y su nula intermodalidad.
Tercero, falta de planificación urbana y visión de futuro. San José crece sin una visión de movilidad que priorice el interés público sobre los intereses particulares, lo que se plasma en una urbe cada día más caótica y desorganizada.
El transporte como derecho, no como privilegio
El caos actual viola el derecho fundamental a la ciudad. Mientras los vehículos particulares ocupan cerca del 80% del espacio vial, los buses usados por un millón de personas a diario son relegados a un segundo plano. Esta inequidad espacial refleja y reproduce las desigualdades sociales: quienes no pueden permitirse un auto deben soportar un servicio caro, lento, mal regulado, incómodo y hasta “incendiario”. Las noticias de unidades incendiadas y decenas de mal llamadas “paradas” en calles inseguras y estrechas, sin techo y esparcidas sin ninguna lógica por la capital, evidencian la gravedad del estado de la cuestión.
Los costarricenses no tenemos por qué acostumbrarnos a esta situación. Lejos de una dicotomía entre lo estatal y lo particular, mediante alianzas público-privadas, el Estado y los gobiernos locales deben liderar la creación de megaterminales estratégicas y sus rutas de acceso, estableciendo reglas claras para la participación privada. Esto puede lograrse con un plan integral que coordine buses, trenes y futuros sistemas de transporte masivo, con visión metropolitana y con vista en las necesidades de las ciudades y destinos conectados desde San José.
En definitiva, el Consejo de Transporte Público debe dejar de ser un ente pasivo y convertirse en regulador activo del sistema. Eso implica promover el uso de tecnologías como GPS y de pago electrónico, megaterminales planificadas e interconectadas que no dependan solo de la voluntad de actores privados e involucrar la participación ciudadana de los usuarios en el diseño de soluciones. La conclusión es clara: el Estado debe asumir su rol como motor del desarrollo y eje de coordinación para evitar futuros castigos a la ciudadanía.
El cierre de la primera megaterminal de buses es una oportunidad para replantear nuestro modelo de transporte público. Costa Rica necesita con urgencia un sistema público integrado y el Estado debe garantizar su funcionamiento como servicio esencial y, para lograrlo, la coordinación interinstitucional y con socios privados es clave. Los costarricenses merecemos un transporte público digno, seguro y accesible.
antonio.trejos.mazariegos@gmail.com
Antonio Trejos Mazariegos es abogado y peatón.